La sombra del rescate de Air Europa es muy alargada. El préstamo de 475 millones de euros, aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre de 2020 en el marco de la crisis por la covid-19, se ha convertido durante años en una de las principales armas arrojadizas del PP, Vox y organizaciones ultras, que han tratado de introducir la sospecha sobre la operación en la causa que afecta a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, y en el caso Koldo.PublicidadEstas dos vías de investigación se han intentando exprimir una y otra vez ante los tribunales, pero en ninguno de los dos casos, especialemte en el primero, ha tenido hasta la fecha ningún encaje ilegal, a tenor de los pronunciamientos de distintos órganos judiciales. También, a nivel europeo, la operación económica ha sido avalada por la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la UE.Si bien, PP y Vox encontraron una brecha que permitió recientemente una nueva línea de investigación en los tribunales. El juzgado de instrucción número 49 de Madrid admitió a principios de junio las querellas interpuestas por las formaciones de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal en las que solicitaban que se abriera una causa por un presunto delito de prevaricación administrativa en el préstamo público concedido a la aerolínea. En este sentido, entre las principales diligencias, el juez José María Escribano citó como investigado al vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora -presidente en funciones de la SEPI en el momento en el que se autorizó la operación- , el próximo viernes 3 de julio. "Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa cuya instrucción corresponde a este órgano judicial, según los artículos 14.2 y 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", recoge el auto, al que ha tenido acceso Público.PublicidadAsimismo, el juez requirió a la SEPI y al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) identificar a las personas que intervinieron en la tramitación del rescate, esto es, los integrantes del Consejo asesor presidido por el propio Lora, los técnicos instructores del expediente y la abogacía del Estado autor del informe, "a fin de ser citados en la forma que corresponda una vez oído el querellado".También, exigió al holding público que aporte una serie de documentos, como el expediente relativo a la operación de apoyo financiero a Air Europa; las actas íntegras, borradores, anexos y documentación distribuída en las reuniones en que se trató el expediente; o los listados de asistentes, acreditación de voz/voto, y documentos "presentados en mesa". El PP dice que la aerolínea no cumplía los requisitosEn su querella, a la que ha tenido acceso este medio, el PP proyecta el objeto de imputación sobre "el iter decisorio que culmina en el acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de noviembre de 2020 de aprobación del apoyo y desembolso, así como sobre los actos decisorios previos determinantes de dicha aprobación (propuesta/validación del Consejo Gestor, y actos esenciales de tramitación con capacidad determinante), en la medida en que todos ellos integran el núcleo decisorio administrativo que acuerda la concesión de fondos públicos y fija sus condiciones".PublicidadPara los de Feijóo, la aerolínea no cumplía los requisitos para ser rescatada, es decir, que la empresa no se encontrase en situación de crisis a 31 de diciembre de 2019; que las dificultades económicas fuesen consecuencia directa de la pandemia y no estructurales; que no existiesen deudas con la Hacienda Pública o la Seguridad Social; y que se acreditase la necesidad imprescindible del apoyo público, así como la viabilidad futura de la empresa."Pese a que uno de los requisitos exigidos para la concesión del rescate era no mantener deudas con la Hacienda Pública ni con la Seguridad Social, la SEPI recabó informe de la Abogacía del Estado a fin de determinar si podía concederse la ayuda a una empresa beneficiaria cuyo accionista mayoritario sí mantenía deudas tributarias pendientes, siendo dicho informe favorable", señala la querella.Además, "llama poderosamente la atención que el informe de viabilidad de la compañía tuvo un coste de 0,01 euros, frente al máximo que superó los 200.000 euros, y que se emitiese en tiempo récord, pese a la cantidad solicitada (70 días desde su solicitud frente una media de 158 días para ser emitidos por su dificultad)".El rescate, descartado en los tribunalesLa judicialización del rescate de Air Europa ha permeado tras varios intentos frustrados por diferentes órganos judiciales. En ellos, se trataba de extender la sombra de la corrupción en el Gobierno de Pedro Sánchez a través de la supuesta intervención de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, debido a su relación con Javier Hidalgo, dueño de la compañía, y de las supuestas gestiones del exministro de Transportes José Luis Ábalos.En el caso de este último, condenado a 24 años de prisión por el caso mascarillas, el juez instructor, Leopoldo Puente, rechazó la petición del PP de investigar el rescate de Air Europa al constatar que no existe "indicio alguno" de que Ábalos interviniera.En un auto de mayo de 2025, cuando la causa aún se encontraba en instrucción, el juez reconoció que el exministro hizo "gestiones" para favorecerlo, pero señaló que "es evidente" que la decisión no dependía ni de Ábalos ni de su exasesor Koldo García. Asimismo, en la sentencia del pasado lunes, el Supremo da por probado que el disfrute de las vacaciones en el inmueble de Marbella, identificado como Villa Parra, corresponde a un "pago" por las gestiones realizadas en relación con el rescate de Air Europa. En concreto, por la publicación de un comunicado sobre la ayuda pública, "consiguiéndose el objetivo pretendido por Víctor de Aldama –que asesoraba a la aerolínea– y por la compañía Air Europa de tranquilizar a los acreedores de la compañía aérea".PublicidadPor otro lado, los intentos de la derecha y las acusaciones ultras (Vox, Manos Limpias o Hazte Oír) para abrir una investigación sobre la supuesta influencia de Gómez en dicho rescate también han tenido su reflejo en la causa que afecta a la esposa del líder del Ejecutivo, encontrando el respaldo del juez instructor, Juan Carlos Peinado.Si bien, el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid se ha visto obligado a dar marcha atrás en los planes de profundizar en esta vía tras sufrir hasta cinco reveses por parte de instancias judiciales superiores. Asimismo, en febrero de este año, la UCO rechazó la petición de Peinado de volver a investigar el papel de Begoña Gómez tras dar pábulo a un escrito sin pruebas sobre un supuesto patrimonio oculto relacionado con esta operación. Si bien, la Benemérita lo descartó al entender que no había "nuevos hechos" para la investigación.Vuelve el foco sobre el consejo creado en la SEPI para los rescatesA la espera del desarrollo de la investigación, esta causa vuelve a poner el foco en el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas (FASEE). Cabe recordar que durante casi dos años, este consejo ya centró la investigación judicial sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra, instruida por la jueza Esperanza Collazos en el juzgado número 15 de Madrid tras una querella de Manos Limpias, a la que se adhirieron PP y Vox. PublicidadEl 8 de abril de 2021, la jueza abrió diligencias previas contra el entonces presidente en funciones de la SEPI, Bartolomé Lora, y el resto de integrandes del órgano colegiado por los presuntos delitos de malversación, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y obtención de subvenciones. Si bien, el 5 de enero de 2023 archivó dichas diligencias al no encontrar indicios delictivos respecto a la SEPI por el préstamo de 53 millones para la aerolínea durante la covid. "El Consejo Gestor de la SEPI no tiene capacidad decisoria sobre el tema de la subvención acordada, él se limita a elevar a la autorización del Consejo de Ministros la aprobación de las operaciones, en este caso, hasta el Consejo de Ministros de fecha 9 de marzo de 2021, no se autorizó", indicaba la jueza, a la que se le pasó el plazo para llamar a declarar a los responsables de Plus Ultra. El auto de sobreseimiento señalaba que "no aparece debidamente justificada la comisión de un delito".