La aerolínea Plus Ultra, rescatada con dinero público durante la crisis del Covid-19, pidió la intermediación del empresario Julio Martínez Martínez, administrador de la firma Análisis Relevante, y de su íntimo amigo el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para solicitar y acelerar la ayuda de 53 millones que le fue concedida por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021. Así lo afirma el presidente de la compañía aérea, Julio Martínez Sola, en un escrito remitido a la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (instruye causas que posteriormente pueden ser juzgadas por la Audiencia Nacional) como muestra de colaboración con la justicia en la investigación del controvertido crédito y la participación en los trámites del líder socialista. Entre el primer contacto con Zapatero, en abril de 2020, y la obtención de la ayuda financiera apenas mediaron 11 meses. Plus Ultra fue una de las seis aerolíneas beneficiadas con crédito del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), que repartió 890 millones entre compañías aéreas en aprietos por el derrumbe del tráfico durante el confinamiento y el cierre de fronteras.“El señor Martínez Sola mantuvo una llamada con él [por José Luis Rodríguez Zapatero] en 2020, en la que se le indicó que el interlocutor sería Julio Martínez Martínez”, relata en el escrito Leticia Calderón, abogada del ejecutivo. Martínez Sola lamenta que Plus Ultra se haya visto involucrada “en una presunta red de blanqueo de capitales y en una operativa de tráfico de influencias como consecuencia de una situación desesperada de obtención de liquidez fruto de una pésima coyuntura económica [por el paso de la pandemia]”.La pequeña Plus Ultra cumplió con las condiciones para ser reflotada con dinero público tras cierto debate técnico, que se tornó estruendo político una vez que fueron concedidos los créditos. Esta compañía de nicho, con cerca del 20% de cuota en la conexión entre Madrid y Caracas (Venezuela), recibió del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) un préstamo ordinario de 19 millones de euros a cinco años (puesto a disposición el día 18 de marzo de 2021), y un préstamo participativo de 34 millones con siete años de plazo y que fue inyectado el 10 de agosto de 2021. La suya no estuvo entre las ayudas más relevantes del instrumento financiero lanzado el 3 de julio de 2020 bajo gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), pero tiene contra las cuerdas al expresidente del Gobierno por una supuesta intermediación que puede derivar en delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. El presidente de Plus Ultra relata que, por indicación del primer accionista de la empresa, Rodolfo Reyes Rojas, decidió buscar personas en puestos de influencia que pudiesen ayudar a obtener la financiación pública. El intermediario Manuel Fajardo, conocido de Reyes, le habría sugerido los nombres de José Luis Rodríguez Zapatero y Julio Martínez Martínez. El primer ejecutivo de Plus Ultra desvela que recibió una llamada del propio Zapatero el 30 de abril de 2020, en la que pudo exponer las dificultades que atravesaba Plus Ultra. También explicitó la necesidad de un crédito del ICO (en ese momento no se había articulado aún el FASEE). “Ante dicha petición, el señor Rodríguez Zapatero manifestó que su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas”, ha dejado por escrito Martínez Sola. El empresario fue emplazado a mantener contacto con el administrador de Análisis Relevante y amigo de Zapatero, Julio Martínez Martínez. “En dicha conversación con José Luis Rodríguez Zapatero no se habló nada de honorarios, ni tampoco solicitó nada a cambio de sus gestiones”. En mayo de 2020 los gestores de Plus Ultra tuvieron la certeza de que se les cobraría por la intermediación, pero aun desconocían el acuerdo entre Martínez Martínez y Rodríguez Zapatero. Un primer intento de socorro, a través de un crédito avalado por el ICO, fue supuestamente intermediado sin éxito por el expresidente ante Banco Santander en junio de 2020. Días más tarde, el 3 de julio, surgió el FASEE y fue visto como nueva opción de salvavidas. La relación de Plus Ultra con lo que su presidente denominaba “Grupo Zapatero” se aprovechó igualmente “para tratar de acceder a las ayudas que iba a conceder la SEPI”, desvela Julio Martínez Sola.Primer contacto en julio de 2020El 30 de julio de 2020 fue firmado el contrato entre Análisis Relevante y Plus Ultra, “denominado de asesoramiento durante 12 meses por importe de 5.000 euros mensuales más IVA”, describe el presidente de la aerolínea. Martínez Martinez llegó a aconsejar que fuera Indra quien elaborara el plan de viabilidad para acceder a la ayuda del FASEE, pero Plus Ultra acabó encargando a PwC ese trabajo por una cuestión de precio. El 1 de septiembre fue presentada la solicitud de crédito al referido FASEE: “La prioridad era conseguir que la SEPI tramitara el expediente con rapidez”, dada la situación de crisis que atravesaba Plus Ultra. Los responsables de la aerolínea, confiesa ahora Julio Martínez Sola, llegaron a demandar a Rodríguez Zapatero gestiones directas ante los responsables de la SEPI “para agilizar el expediente”. La revisión por parte de la sociedad estatal arrancó en septiembre de 2020 y, posteriormente, “hubo contactos frecuentes con José Ángel Partearroyo, director de participadas de la SEPI, a nivel técnico y administrativo”. El primer pago de Plus Ultra a Análisis Relevante tuvo lugar el 5 de noviembre de 2020: fueron 6.050 euros. El 2 de diciembre la aerolínea concretó ante la SEPI que necesitaba 53 millones, y en enero firmó un nuevo contrato con otra consultora del amigo de Zapatero, Idella Consulenza Estratégica. Este último fue vinculado al resultado de las gestiones de Martínez Martínez ante la SEPI, con una contraprestación del 1% más IVA de la ayuda finalmente aprobada por el FASEE. Martínez Sola concede ante el Tribunal Central de Instancia que llegó a pagar 527.000 euros (69.000 euros en 46 billetes de avión en clase Business) a sociedades de Martínez Martínez, entre ellas Análisis Relevante (249.000 euros).CondicionesLas candidatas a recibir crédito público para soportar el golpe de la pandemia debían cumplir varios requisitos esenciales: haber entrado en 2020 en equilibrio patrimonial; aportar un plan de supervivencia y de salida de la crisis, y someterse al control del FASEE, que debía seguir el destino de hasta el último céntimo. Además de todo ello, e independientemente del tamaño de la compañía en cuestión, las rescatadas debían estar encuadradas en sectores de actividad considerados estratégicos, como fueron el turismo y el transporte en el caso de Plus Ultra. La viabilidad de la aerolínea hasta la pandemia obtuvo informes favorables de la Dirección General de Aviación Civil y de la Agencia de Seguridad Aérea. La dirección de la compañía tuvo que demostrar que su balance no estaba falseado, lo que fue revisado por las asesoras externas de la SEPI en el marco del rescate, Deloitte y DC Advisors (la referida PwC actuó como consejera de la empresa). El salvavidas de Plus Ultra también pasó el escrutinio del Tribunal de Cuentas (informe del 27 de septiembre de 2024), de la IGAE en cada una de las presentaciones de las cuentas del FASEE, de la Oficina Nacional de Contabilidad y de la Comisión Europea sin que se hallara irregularidad alguna. El Tribunal de Justicia de la UE, en sentencia de junio de 2024, también desestimó un recurso de Ryanair contra las ayudas del FASEE al sector aéreo español, señalándolas de proporcionadas y ajustadas a la normativa europea.A Plus Ultra se le contabilizó como patrimonio, tal y como permiten las normas contables, un préstamo participativo de 6,3 millones, con lo que su patrimonio neto era superior a la mitad del capital social suscrito (63%) y evitaba entrar en causa de disolución. No se presentaba como una empresa zombi en busca de socorro. También pudo borrar una deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social, por el impago de cuotas, tras serle aceptado un aplazamiento. En 2020 se concedieron 137.000 aplazamientos, el doble que en 2019, lo que favorece que la Seguridad Social enmarque en la normalidad esa gracia otorgada a Plus Ultra (la compañía había aducido problemas de liquidez). En equilibrio, y sin deber nada a la Administración, pudo acceder a fondos públicos para sostenerse en pie. La argumentación de la SEPI en favor del respaldo financiero es que Plus Ultra ocupaba antes de la crisis sanitaria la undécima posición por tráfico de viajeros entre las 20 principales aerolíneas españolas con licencia de tipo A, que permite operar con pasajeros, carga y correo con aviones de más de 10 toneladas o 20 asientos. Pese a su importancia en las conexiones con Venezuela, la compañía apenas tenía un 1,6% de cuota de mercado en España y Latinoamérica, y el 0,1% en el transporte aéreo hacia o desde este país.La aerolínea lanzada en agosto de 2015 y que entonces contaba con capital venezolano obtuvo financiación pública, cuando los bancos se habían cerrado a otorgar préstamos. Su flota era de cuatro aviones A340, que volaban entre España (Madrid y Tenerife) y las ciudades de Bogotá, Buenos Aires, Cartagena, Caracas, y Lima. La cuenta de resultados de la compañía aérea mostraba en 2019 un salto del 47% en los ingresos; su plantilla era de 345 trabajadores. Tras el rastro del dineroEl presidente de esta pequeña referencia del sector aéreo, Julio Martínez Sola, fue cliente de Whathefav S.L., la agencia de comunicación y publicidad de las hijas del exmandatario socialista. Y el referido Julio Martínez, íntimo de Zapatero, tuvo información puntual sobre la supervisión de la petición de rescate. A Rodríguez Zapatero se le imputan gestiones para agilizar la concesión de los 53 millones. Además, se investiga en el Juzgado de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, a cargo del juez José Luis Calama, si este tuvo relación con el sospechoso recorrido del dinero público recibido por la empresa. Los contactos de la alta dirección y del capital de la aerolínea con el régimen venezolano de Nicolás Maduro, y un presunto caso de blanqueo de capitales que afloraron de investigaciones en Francia y Suiza, generan dudas sobre la finalidad de una ayuda pública que la empresa dijo que sirvió para pagar nóminas y a proveedores. Plus Ultra estaba controlada en un 45,3% por la sociedad Snip Aviation, con tres directivos venezolanos en el consejo: Rodolfo José Reyes Rojas, Raif El Arigie Harbie y Roberto Roselli Mieles, consejero delegado de la compañía aérea. En el escrito remitido por Julio Martínez Sola a la sección de instrucción del Tribunal Central de Instancia, se constata que él mismo y Roselli Mieles tomaron el control de Plus Ultra en octubre de 2025 y pudieron detectar “graves iregularidades acontecidas en Venezuela por parte de Rodolfo Reyes y Raif El Airigie”. Ante ello, Plus Ultra denunció a ambos en Venezuela el pasado 4 de marzo por el uso no autorizado de fondos de una cuenta de la aerolínea en Banco Plaza en diciembre de 2025, y el 14 de junio y 8 de julio por apropiación de fondos entre 2022 y 2025. “En el momento presente, las relaciones de los señores Martínez Sola y Roselli Miele con el señor Reyes son absolutamente inexistentes”, reconoce el presidente de Plus Ultra en su exposición ante la justicia.