El testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez, ha confesado ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Plus Ultra, José Luis Calama, que el expresidente del Gobierno medió ante el Ejecutivo de Pedro Sánchez para que la aerolínea fuera rescatada con una ayuda de 53 millones de euros públicos. A cambio de esas gestiones, Zapatero se aseguró una comisión del 1%, según Martínez. En un escrito enviado a la Audiencia Nacional, adelantado por El Mundo y al que ha tenido acceso El Confidencial, el fiduciario de Zapatero asegura que el directivo de Telefónica Javier de Paz fue quien le presentó en 2011 al entonces presidente del Gobierno. Martínez explica que le compró a Zapatero la casa que tenía con su mujer, Sonsoles Espinosa, en Vera (Almería) y que esta operación se cerró en el mismo Palacio de La Moncloa. A partir de ahí de aquella primera compra, según el testafero, "se estableció una buena relación" entre Zapatero, Javier de Paz y él mismo que se habría consolidado por la afición compartida al deporte. A finales de 2019, su vínculo da un nuevo salto cuando Javier de Paz y su mano derecha, el también directivo de Telefónica y exdirector de Comunicación del CNI Sergio Sánchez, le propusieron crear una consultora "que tendría el atractivo de contar con un expresidente del Gobierno como consultor y principal referencia". En su confesión, el testaferro señala que ese fue el motivo de la constitución de la mercantil Análisis Relevante SL. Todos los clientes que tuvo esta sociedad fueron proporcionados por Zapatero, empezando por el primero, Plus Ultra. El exdirigente socialista se ofreció para conseguirles una línea de ayudas de fondo especial que creó el Gobierno de Sánchez para ayudar a las compañías en dificultades por la pandemia. Según el escrito, el 30 de julio de 2020 se firmó un contrato entre Análisis Relevante SL y Plus Ultra por el que se acordaron unos honorarios mensuales de 5.000 euros para la consultora más el correspondiente IVA. Pero la realidad fue que "los honorarios a cobrar eran el concepto del asesoramiento que desde mayo de ese año venía dando el señor Rodríguez Zapatero". "Adicionalmente, en contraprestación a los servicios prestados y el éxito de la operación", desarrolla Martínez, "el 19 de enero de 2021 se firmó un contrato entre Plus Ultra y la mercantil Idella Consulenza Strategica SL [propiedad del testaferro] mediante el que la primera se comprometía a abonar el 1% de la financiación obtenida a Idella en el supuesto de que finalmente se aprobara la ayuda solicitada al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI". Moncloa terminó autorizando la concesión de una ayuda de 53 millones de euros públicos a Plus Ultra. Para diferir el pago y evitar riesgos, las partes acordaron que la entrega del 1% se diluiría en pagos mensuales hasta el ejercicio 2026. La operación de la UDEF en diciembre de 2025 frustró ese plan y dejó una parte de la factura de Plus Ultra sin abonar. Otros clientes de Análisis Relevante SL también habrían sido conseguidos por Zapatero, como Softgestor SL, Inteligencia Prospectiva SL y Aldesa SL. En estos casos se firmaron contratos ficticios para camuflar el pago de comisiones ilegales al expresidente del Gobierno como si el verdadero servicio consistiera en la elaboración de informes de inteligencia política o económica. El arrepentimiento de Martínez supone un grave contratiempo para Zapatero y otras personas de su entorno, como sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, ya investigadas en el procedimiento, así como para otros miembros del círculo empresarial del expresidente que aún no habían sido imputados. Fundamentalmente, la confesión del testaferro compromete a Javier de Paz y Sergio Sánchez, que habrían participado en la génesis de la trama corrupta. Martínez también pone en apuros al Gobierno de Sánchez. Moncloa había convertido a Zapatero en su principal símbolo político y le había confiado las negociaciones con Junts para garantizar la continuidad de la legislatura. Además, el testimonio del testaferro implica al Ejecutivo en la causa al apuntalar las sospechas de irregularidades en la concesión de la ayuda de 53 millones de euros que entregó la SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda, a Plus Ultra. Plus Ultra también ofrece su colaboración