Actualizado Mi�rcoles,
junio
22:38Anticorrupci�n ha podido hacer en el caso Mediador lo que la fiscal general no permiti� en el caso Koldo: aplicar a un investigado que estaba colaborando con la Justicia la atenuante muy cualificada que le permitiera eludir la prisi�n. As� se recoge en el escrito de acusaci�n que la Fiscal�a ha presentado en la investigaci�n del caso Mediador, dirigida contra el ex diputado socialista canario Juan Bernardo Fuentes Curbelo, 'Tito Berni'. Pide para �l ocho a�os de prisi�n por cohecho continuado y pertenencia a un grupo criminal.La lista de 14 acusados incluye a ocho empresarios. Uno de ellos, Miguel �ngel Robayna Garc�a, decidi� colaborar con los investigadores. El resultado es que por el cohecho y la falsedad documental se le solicitan solo 10 meses de prisi�n, cinco por cada uno. A otro empresario con esos mismos delitos se le reclaman cuatro a�os y medio, que de imponerse supondr�a el ingreso ineludible en prisi�n, sin posibilidad de suspensi�n.�El encausado colabor� con la investigaci�n aportando datos e informaci�n que contribuyeron al esclarecimiento de los hechos, siendo relevante y eficaz para la investigaci�n, informaci�n que igualmente se comprob� veraz y que fue aportada de forma voluntaria�, afirma el escrito de Jaime Serrano-Jover, ante el juzgado 4 de Santa Cruz de Tenerife. Serrano-Jover, que asumi� el caso como delegado de Anticorrupci�n, ha tomado esta semana posesi�n de su nuevo cargo de fiscal superior de Canarias.Dada la relevancia pol�tica del caso, el escrito de acusaci�n fue presentado ante la Secretar�a T�cnica de la Fiscal�a General. A diferencia del caso de Aldama, esta vez la atenuante que permit�a bajar en dos grados la pena no se tuvo que retirar. En el caso de Aldama, Peramato vet� que la rebaja pudiera librarle de prisi�n. El fiscal jefe Alejandro Luz�n s� lo defendi� oralmente en su informe y el Supremo acogi� sus argumentos.Como en el caso de Aldama, el empresario beneficiado empez� a colaborar cuando ya hab�a estallado el caso Mediador, por lo que la atenuante de confesi�n -prevista para quien da el paso antes de conocerse los hechos- se aplica por analog�a. Su perfil no es central en la trama corrupta, como s� lo era Aldama en el caso Koldo.Por otra parte, el empresario del caso Mediador no aport� a la Polic�a informaci�n novedosa que permitiera detectar delitos hasta entonces desconocidos, algo que s� sucedi� en el caso de Aldama. En el caso Mediador, sirvi� para reforzar lo que ya hab�a. En los dispositivos que aport� �se revelaron conversaciones, mensajes y otros elementos de prueba que permitieron conocer a la unidad investigadora indicios de entidad suficiente para reforzar el caudal probatorio que ya exist�a en la investigaci�n y que confirmaban la comisi�n de los hechos investigados�.Adem�s de a Tito Berni, el fiscal acusa su sobrino, Taishet, que le sucedi� en el cargo de director general de Ganader�a de Canarias cuando �l dio el salto al Congreso. Para el sobrino se piden 11 a�os de c�rcel, porque se le a�ade el delito de estafa. La pena m�s elevada es para quien ejerc�a de mediador con los empresarios contactados, Marco Antonio Navarro Tacoronte: un total de 13 a�os.El Ministerio P�blico sostiene que, desde 2021, el ex diputado, su sobrino y el Mediador �idearon un plan criminal en virtud del cual, previa concertaci�n entre ellos y con una distribuci�n de funciones definida, propon�an a empresarios del sector agr�cola, ganadero y de las energ�as renovables, tanto a nivel nacional como auton�mico y a cambio del pago de regalos, d�divas y comisiones, importantes negocios en el sector privado, as� como contratos, percepci�n de subvenciones y otros il�citos beneficios en el �mbito p�blico�.La acusaci�n se extiende al general jubilado de la Guardia CivilFrancisco Espinosa Navas, para el que se piden dos a�os por colaborar con la trama. Serv�a para dar una apariencia de seriedad a los cr�dulos empresarios, a los que pase� por la Direcci�ngeneral como Tito Berni los llevaba al Congreso.La lista de acusados incluye a dos cargos p�blicos para los que se piden altas penas de inhabilitaci�n, aunque no de prisi�n. Se trata de �lvaro de la B�rcena, que ejerc�a como viceconsejero del Sector Primario del Gobierno de Canarias, y de Estefan�a Margarita Gonz�lez, jefa de Servicio de la Direcci�n T�cnica del Organismo Pagador.Conforme al relato fiscal, como requisito casi obligatorio los acusados reclamaban a los empresarios una mordida inicial de 5.000 euros camuflada como patrocinio a una la asociaci�n deportiva del entonces diputado. Los ingresos llegaban a cuentas controladas por el mediador, que se encargaba del reparto. Parte del dinero se destinaban a sufragar gastos como cenas, billetes de avi�n, estancias en hoteles y servicios de prostituci�n.
