Anticorrupción lo sopesó, pero la fiscal general decidió mantener la rebaja inicial en la petición de pena: siete años de cárcel
El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha defendido este miércoles en su informe final ante el Tribunal Supremo por el juicio sobre la trama de mascarillas del caso Koldo que “es posible” premiar aún más la confesión del presunto conseguidor, Víctor de Aldama, tal y como plantean la acusación popular que lidera el PP y su propia defensa. El fiscal sopesó esta posibilidad hasta el último momento pero, tras debatirlo con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, esta optó por mantener la bonificación ya contemplada para el empresario, que implica pedirle siete años de cárcel frente a los 24 que reclama el ministerio público para el exministro de Transportes José Luis Ábalos y los 19 años y medio para su exasesor, Koldo García.
“Es posible, como hace la acusación popular, apreciar la atenuante como muy cualificada, y es también admisible, lo hace también su defensa, apreciar la atenuante privilegiada”, ha dicho Luzón en la parte final de su informe, dedicada a hacer valer la declaración de Aldama.
Sin embargo, en sus conclusiones definitivas no reflejó esta posibilidad. Confirmó las presentadas inicialmente, que ya implicaban una significativa reducción de las penas interesadas para el empresario respecto a las de sus dos compañeros de banquillo. Fuentes fiscales explican que esta alternativa estaba sobre la mesa pero, después de valorarlo tanto con Peramato como con otros fiscales, la jefa del ministerio público decidió mantener la posición original. Luzón, que podría haberse rebelado, se decantó por no hacerlo y asumió como propia la decisión plasmándola en su petición definitiva al tribunal. En esos papeles, donde las pequeñas enmiendas aparecen en color rojo, se ven destacados de esa manera los cuatro años de prisión que propone por el delito de organización criminal y los tres por el de cohecho. A eso suma el de aprovechamiento de información privilegiada, por el que no exige cárcel. También en ese color luce la frase que resume su alegato sobre Aldama: “Este reconocimiento de los hechos ha sido mantenido y completado”. El PP, por su parte, sí restó, pasando de esos mismos siete años a solo cinco, por un catálogo mayor de delitos: organización criminal y cohecho, como autor; y tráfico de influencias, falsedad en documento oficial y prevaricación administrativa, como inductor.
