D.D. es un joven senegalés de 17 años que llegó a España en 2024 con la esperanza de encontrar trabajo y ayudar a su madre. Al principio recorrió distintos centros de acogida y albergues para personas sin hogar, mientras intentaba abrirse camino lejos de casa. Hace unos meses se trasladó a Sevilla para trabajar en el campo, hasta que el sábado 6 de junio ingresó en el hospital Virgen Macarena tras sufrir un grave episodio de salud mental. El pasado lunes 22 recibió el alta. Cuando cruzó la puerta del centro hospitalario ya no tenía cama asignada, ni un lugar donde continuar su recuperación. En plena ola de calor, D.D. volvió directamente a la calle.
Su caso resume una cadena de “errores institucionales” que las plataformas de apoyo a personas migrantes llevan años denunciando. Cuando recaló en territorio español a través de Canarias, manifestó ser menor de edad, pero nunca se le identificó como tal. No se abrió un expediente de determinación de edad, no intervino la Fiscalía de Menores y tampoco fue inscrito en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA), pese a que lo exige la legislación vigente. Desde entonces quedó atrapado en un limbo burocrático del que aún no ha salido: su país de origen lo reconoce como menor de edad, pero la Administración española lo registró como adulto a su llegada.
