Una familia siria, traída por España desde un campamento de refugiados de Líbano al que llegaron tras huir de la guerra en su país, se ha quedado en la calle en Sevilla con tres hijos menores de edad y el padre en situación de dependencia a causa de un grave ictus, sin que ninguna administración pública, ni municipal ni autonómica ni estatal, se haga cargo de ellos. Publicidad"Lo que estamos sufriendo aquí no lo vivimos ni en Líbano ni en Siria con la guerra", dice a Público la madre, que prefiere identificarse con el nombre de Amal, que en árabe significa esperanza, lo único que ahora le queda a esta familia, a quien vecinos de la capital andaluza y miembros de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía están pagando de su bolsillo un hostal para que no sufran a la intemperie temperaturas de más de 40 grados.Un dolor inmenso asoma en el rostro y las palabras de Amal cuando relata todo lo que ha vivido desde que en 2012 tuvo que huir de Siria en avanzado estado de gestación junto a su marido y dos hijos pequeños cuando ellos andaban por los 38 años. Huían de la guerra que había asolado su ciudad, Idlib, y acabaron en uno de los campos de refugiados de Líbano donde fueron acogidos cientos de miles de sirios por las mismas circunstancias en una de las mayores crisis humanitarias del mundo.Allí dio a luz a otros dos hijos y allí también su marido, que en su tierra trabajaba de albañil, sufrió un ictus que le ha dejado graves secuelas físicas y un estado cognitivo muy limitado. Pero las desgracias no acabaron ahí: cuando ya estaban en Sevilla, en julio de 2023, perdió a su hijo mayor, el que le ayudaba a llevar toda la carga familiar, ahogado en una playa de Huelva durante una excursión del Centro de Acogida de Protección Internacional de la capital hispalense en el que residían como refugiados en España.La familia de Amal es una de las muchas que han venido a España con el programa nacional de reasentamiento de refugiados que el Consejo de Ministros aprueba anualmente para ofrecer protección a personas procedentes de países afectados por conflictos y graves crisis humanitarias. En 2022, el año que esta familia llegó a España, vinieron con ese programa 1.200 personas, 641 procedentes de los campos de refugiados de Líbano. En su caso, fueron trasladados al Centro de Acogida de Sevilla, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, donde empezó un largo y tortuoso periplo que ha dejado finalmente a estos refugiados completamente desamparados.PublicidadEl hijo mayor falleció en la playa de Matalascañas y dejó en shock a toda la familiaLa muerte del hijo mayor, de 17 años, en el transcurso de una excursión del centro a la playa onubense de Matalascañas supuso un shock para la familia, sobre todo para la madre, que asegura que casi no le dejaron ver el cuerpo de su hijo ni hacer el duelo que en su país se dispensa a los familiares fallecidos.La pérdida del primogénito, sumada al empeoramiento de la salud de su marido, le llevaron entonces a tomar la decisión de irse a Alemania, donde vivían unos familiares, pero ahí surgieron nuevos contratiempos: tras estar siete meses en un centro de refugiados de Baviera, el gobierno alemán les obligó a volver a España, alegando que el estatuto de protección internacional lo tenían reconocido en nuestro país. Les dijeron que alguien de la administración española, con la que se habían puesto en contacto, les estaría esperando en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Pero cuando llegaron, no había nadie y acabaron viviendo en la calle durante cinco días, sin recibir ninguna atención.El poco dinero que les quedaba lo gastaron en un billete de autobús para volver a Alemania, donde vivieron otros seis meses en un centro de refugiados y de donde volvieron a ser devueltos a España por las mismas razones que la primera vez. Eso ocurrió el pasado mes de mayo.PublicidadEntonces fue cuando decidieron regresar a Sevilla, al centro de protección internacional donde habían sido acogidos al llegar a España, pero allí ya les negaron el ingreso y les instaron a que se pusiesen en contacto con los servicios sociales y de emergencias del ayuntamiento, porque habían salido del sistema de acompañamiento al refugiado tras su marcha a Alemania. Tuvieron que pasar otras dos noches al raso delante de las dependencias municipales, sin hablar ni una palabra de español, hasta que consiguieron que les facilitasen alojamiento en un hostal.La humillación: arrojados a la calle en SevillaSin embargo, transcurridos 15 días, estos refugiados se vieron otra vez tirados en la calle y ahí, en medio de la Gran Plaza, en el acomodado distrito de Nervión, los vieron vecinos y unos militantes de Derechos Humanos que no comprendían cómo podía hallarse en tal situación una familia con tres menores de edad y un adulto con grave dependencia. Su presión consiguió que, pese a mostrar bastantes reticencias, el ayuntamiento les facilitase de nuevo alojamiento en el mismo hostal, pero dos semanas después, el 29 de mayo, agentes de la Policía Local se personaron en el establecimiento para echarlos a la calle, de la que pudieron salir gracias a los ciudadanos que de forma anónima les pagan desde entonces otro hostal para que no estén a la intemperie."Yo no quiero nada, solo un techo para mis hijos y mi marido, para que podamos vivir con dignidad, porque ahora mi familia no tiene dignidad. Hace mucho tiempo que llevamos luchando y no conseguimos nada. Y eso me mata, porque no puedo hacer nada", dice a Público la madre, que añade a continuación: "Lo que nos está pasando es lo peor de nuestra vida, no lo habíamos sufrido ni en Líbano ni en Siria en la época de la guerra. La humillación que estamos sufriendo aquí afecta a nuestra vida. Yo he perdido un hijo aquí y no ha cambiado nada tampoco el comportamiento que han tenido con mi familia".Amal: "Estoy agotada después de todo lo que he vivido"Amal no entiende por qué están pasando tantas calamidades en Sevilla y ella piensa que tal vez todo tenga que ver con la muerte de su hijo ahogado durante una excursión, con que quieran tapar lo sucedido, y por eso dice que ahora se plantea denunciar a los responsables del centro donde estaban acogidos. "Estoy agotada después de todo lo que he vivido", concluye esta refugiada en España.El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PP, asegura que ha hecho todo lo que ha podido para ayudar a esta familia refugiada. Su delegado de Barrios de Atención Preferente y Derechos Sociales, José Luis García, ha asegurado a este periódico que la familia ha agotado el tiempo máximo de estancia en un recurso de emergencia como el que se le proporcionó y ya no disponen de más plazas para alojarlos, porque tienen a otras familias en situación de calle en espera y porque, además, no le corresponde a la administración municipal la atención de las personas refugiadas."Este problema no es de competencia municipal. Lo estamos haciendo de buena voluntad, pero es un tema de competencia nacional", subraya García, quien asegura que el Gobierno central no respondió por escrito a esta familia para denegarle el ingreso en el centro de protección internacional de Sevilla, sino que lo hizo únicamente de forma verbal.PublicidadEl concejal de servicios sociales afirma, además, que el 90% de los recursos habitacionales de emergencia de los que dispone el Ayuntamiento de Sevilla están ocupados por personas que proceden del sistema de protección internacional, porque el Gobierno español no les proporciona atención. "Los ayuntamientos estamos haciendo lo que no hace el Gobierno", dice García.El Gobierno dice que salieron del sistema de acogidaPor su parte, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha manifestado a Público que esta familia abandonó el Centro de Acogida en Sevilla "sin justificación el 20 de septiembre de 2023", cuando se trasladaron a Alemania buscando apoyo familiar. "No obstante, fueron retornados a España desde Alemania este año 2026. Y la normativa reguladora del sistema de acogida de protección internacional no permite el reingreso al sistema de acogida a las personas beneficiarias de protección internacional que hayan salido del sistema", añaden las fuentes del ministerio, aunque la familia asegura que regresó de Alemania en junio de 2025 y tuvo que volver a ese país en noviembre de ese mismo año tras quedarse en la calle en Madrid sin recibir ninguna atención.El Gobierno central alega que la limitación del reingreso al sistema de acogida "responde a la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema", cuyo objetivo prioritario es atender a las personas solicitantes en el momento inicial de su proceso, añade. "Además, en el caso de personas que ya cuentan con el estatuto de protección internacional reconocido, la competencia para su atención recae en otra Administración, en particular los servicios sociales municipales y autonómicos, que serían las competentes en este caso", advierte el ministerio.PublicidadEl Ayuntamiento de Sevilla también ha metido en el saco al de Fuentes de Andalucía, municipio de la provincia de Sevilla gobernado por Nueva Izquierda Verde Andaluza, formación que colabora con IU, cuyo alcalde, Francisco Martínez, se ofreció, según José Luis García, a buscar un alojamiento para la familia refugiada siria, pero al que luego llamaron hasta seis veces sin obtener respuesta.El alcalde de Fuentes de Andalucía, sin embargo, ha asegurado a Público que fueron los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla los que se pusieron en contacto con él, sabiendo que su municipio es un referente en la acogida de refugiados, porque necesitaban de forma urgente un alojamiento para una familia siria. "Les pedí un margen de tiempo, porque no tenemos vivienda pública y tenía que buscar si había algún recurso, pero nunca hubo un compromiso", precisa Martínez. De todos modos, a falta de momento de un recurso habitacional disponible, el alcalde subraya que seguirá colaborando para ayudar a la familia de Amal en todo lo que pueda.Derechos Humanos recuerda la dependencia de VoxLa Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía considera que el Ayuntamiento de Sevilla sí es "responsable directo" de la situación en la que se encuentra esta familia de refugiados. "Alegan que tienen lista de espera, que están desbordados para hacerse cargo, cuando el 9 de junio aprobaron en junta de gobierno la devolución de un millón y medio de euros de fondos europeos, con el pago de 61.000 euros por demora, que estaban destinados a personas en situación de extrema vulnerabilidad. Y eso sucedió unos días después de que echaran a esta familia a la calle", recalca Macarena Olid, integrante de esa organización.PublicidadSegún Olid, el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de la capital andaluza "está financiando la propaganda ideológica de Vox", porque depende de sus votos para sacar adelante acuerdos como el de los presupuestos municipales de este año, que incluyen el endurecimiento de las condiciones de empadronamiento de extranjeros o la reducción de las partidas para la cooperación al desarrollo de los países pobres.Macarena Olid: "En 24 años es la primera vez que me encuentro que hay menores y una familia con una gran vulnerabilidad a la que dejan tirada en la calle""En 24 años que llevo de trabajo en intervención social es la primera vez que me encuentro que hay menores y una familia con una gran vulnerabilidad a la que dejan tirada en la calle sin ninguna solución. Aquí se han vulnerado muchos derechos", advierte la portavoz de Derechos Humanos.Esta asociación ha presentado sendas quejas ante el Defensor del Pueblo Andaluz y el Defensor del Pueblo de España, en el primer caso por las supuestas irregularidades y dejación de funciones cometidas con esta familia por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, y en el segundo, por el Gobierno central.Dejación de funciones de la JuntaEn el caso de la administración autonómica, Derechos Humanos advierte de que la Junta conocía la situación de esta familia por una atención que recibieron los menores en el sistema de protección y el padre por su enfermedad en el Servicio Andaluz de Salud, sin que se haya preocupado por su extrema vulnerabilidad. "No nos consta la existencia de una intervención autonómica integral que coordine los servicios sociales especializados, la protección de la infancia, la salud mental, la discapacidad, la dependencia, la vivienda y la atención sanitaria", se subraya en la queja ante la defensoría regional.PublicidadRespecto a la intervención del ayuntamiento de la capital andaluza, Derechos Humanos señala que haberle proporcionado alojamiento en un hostal durante unos días "no puede considerarse una intervención social válida". "No consta -precisa- que se haya designado una persona profesional de referencia, que se haya elaborado un diagnóstico integral de la familia, que exista un proyecto de intervención social, que se hayan valorado de manera específica las necesidades de los menores, que se haya activado la atención de salud mental de la madre, que se haya promovido la valoración de discapacidad o dependencia del padre, que se haya garantizado intérprete o que se haya producido una coordinación estable con la Junta de Andalucía".Además, Derechos Humanos asegura que desde los servicios sociales municipales se amenazó a los padres con retirarles la custodia de los tres menores por vivir en la calle. "Esta advertencia debe ser investigada de forma inmediata, determinando quién la realizó, en qué contexto, con qué fundamento y si quedó reflejada en algún informe o actuación administrativa. Es una actuación del todo ilícita y moralmente reprochable que solo acarrea más sufrimiento añadido a una familia absolutamente desesperada", recalca la asociación en su queja ante el Defensor.A juicio de Derechos Humanos, la competencia municipal y la autonómica no son excluyentes, sino que son complementarias y deben ejercerse coordinadamente. "La existencia de varias administraciones responsables -añade- no puede dar lugar a que ninguna asuma finalmente la responsabilidad de garantizar una solución y que la familia se encuentre en el mayor de los abandonos cuando es España quien se los trae del Líbano y le concede el estatuto de refugiados".PublicidadLa falta de coordinación entre administraciones En la queja ante el Defensor del Pueblo estatal, Derechos Humanos achaca "la responsabilidad principal" en materia de protección internacional y sistema de acogida a la Administración General del Estado. A su entender, que esta familia hubiera ido a Alemania no exonera a España de las obligaciones derivadas del estatuto de refugiado ni permite una exclusión definitiva y automática de toda asistencia. "España -agrega- debe recibir y tramitar formalmente la petición de reincorporación y ayuda, valorar individualmente las razones de la salida y la vulnerabilidad actual, dictar una resolución motivada y proporcionar una solución material adecuada".Maribel Mora: "El problema es gordo cuando termina el itinerario de acogida y mucha gente se queda abandonada a su suerte"Maribel Mora, abogada de la asociación denunciante, sostiene que la administración española, tal como establece la Ley de Asilo, está obligada a proporcionar los recursos necesarios para que las personas refugiadas sigan un itinerario de autonomía que en el caso de esta familia siria no se ha cumplido, aclara. "El problema es gordo cuando termina el itinerario de acogida y mucha gente se queda abandonada a su suerte. Y eso pasa en muchas ocasiones. La situación de esta familia no es excepcional", advierte la letrada.En una resolución de 2024 del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, sobre el caso de una familia refugiada que finalizó el itinerario de acogida de dos años sin contar con la autonomía suficiente y vivió en la calle con una hija con discapacidad del 85% hasta que pudieron acceder a la Renta Valenciana de Inserción, se afirma que las "dificultades expuestas por la interesada son similares a las que refieren otras personas" en una situación parecida."Preocupa al Defensor del Pueblo la situación de desprotección en la que quedan muchas personas al finalizar el itinerario de acogida, sin haber adquirido las herramientas suficientes para alcanzar la autonomía, el aprendizaje del idioma y sin redes de apoyo o contacto con entidades, servicios autonómicos y locales", advertía Gabilondo en una resolución en la que recomendó establecer estrategias efectivas de inclusión de las personas solicitantes y beneficiarias de la protección internacional, mediante la colaboración entre las administraciones estatal, autonómica y municipal, tal como dispone la normativa sobre esta materia.PublicidadLas quejas de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía presentadas ante ambas defensorías por el caso de la familia de Amal se encuentra aún en tramitación, pero Maribel Mora entiende que el Gobierno español tiene que volver a acogerla en su sistema de acogida de protección internacional, porque es el que la ha traído a España desde el Líbano y porque aún no ha agotado el tiempo máximo de intervención con ella. "Los traen sin coordinarse con las comunidades y ayuntamientos donde van a tener que ser atendidos y la solidaridad se queda entonces a medias", se lamenta la abogada.Un informe del Sistema de Protección Internacional en España, publicado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, refleja una media anual de unas 65.000 personas atendidas en los últimos cuatro, 13.000 de ellas en la comunidad autónoma de Andalucía. Entre 2021 y 2024, un total de 3.304 personas refugiadas particularmente vulnerables fueron reasentadas en España desde países como Líbano, Turquía o Costa Rica.