Por fin el juez peinado ha concluido su investigación sobre Begoña Gómez y enviado el asunto a juicio. Acaban más de dos años de instrucción, en los que de manera irregular se han ido investigando y descartando sucesivamente numerosos delitos. Si alguien esperaba que su señoría fuera a despachar este último trámite sin una sonora campanada, no ha entendido de qué va el asunto.

Cualquiera que haya seguido este procedimiento casi inquisitorial plagado de errores y disparates jurídicos puede razonablemente tener la impresión de que su objetivo principal no es la realización de la justicia. Hay razones de sobra para que gran parte de la ciudadanía sospeche que de lo que se trata en realidad es de intentar tumbar al gobierno.