¿Alguien pensaría que Begoña Gómez puede esconderse tras la sombra de un Messi, un Maradona o un Lamine Yamal? ¿Y zafarse, tras sus breves apariencias, de la Interpol? Solo un orate, como en el mejor de los casos aspira a ser el presunto juez Juan Carlos Peinado. Un tipo empeñado en labrarse la Cruz de Hierro encarnizándose con la tal Begoña, con la única apoyatura de Hazte Oír y otros cuates ultras y/o corruptos. Única, sí. Opuesta a las investigaciones y hallazgos fácticos de la Guardia Civil —la UCO—, que no hallan datos ni manera alguna de inculparla.En un proceso penal, que de eso hablamos aunque este de facto sea mero circo, las medidas cautelares se configuran para asegurar la presencialidad física y operativa del justiciable: que esté siempre a disposición del juez instructor y que no mangonee sobre papeles, agendas o correos.Así se evita su riesgo de fuga, se impide que destruya pruebas y se aborta una repetición del presunto delito. Tres hipótesis aquí imposibles, como ha evidenciado el juez José Luis Calama en otro caso de personalidad archiconocida, el que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Pretender que gente tan fotografiada pueda evaporarse es (en catalán) soñar tortillas: estupidez sin atenuante. Con razón todos los sindicatos policiales, los progres y los conservadores, muerden la yugular de Peinado, pues les acusa de ser propensos a violar la ley escondiendo a la investigada en cualquier agujero impensable.La principal repugnancia, sin embargo, no viene de esos estrambotes. Sino de que la cuádruple inculpación a la señora Gómez (tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación; y los que ahora cuelgan, por ver si cae algo del cielo) se basan en un hecho vacío.Mal pudo producirse un opaco tráfico de influencias porque tal acusación se basaba en que la cátedra que codirigió se creó violando la legalidad. Mientras que, al contrario, se hizo “acorde con lo dispuesto” en la normativa de la Universidad Complutense madrileña y en la universitaria común. Y no hubo pagos en negro, comisiones o movimientos ilícitos en las cuentas de Gómez: facturó ¡17.000 euros! a la Complu en dos años, cifra “incompatible” con un enriquecimiento ilícito. Todo ello según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.Un gran catedrático de Derecho Penal, Manuel Cancio, ha calificado la instrucción de este caso como “delirante”. Su conclusión, de “deleznable”. Propia de un “pésimo jurista”, que busca “usurpar cinco minutos de gloria abusando de su cargo”. Delirio o delito de prevaricación, el Consejo General del Poder Judicial debería calibrar la conveniencia de peinar a Peinado, tantas veces reconvenido por su tribunal superior. ¿O es que acaso bendice, auspicia o ignora el error sistemático o la politización de la judicatura en ese juez? ¿Respira, o sestea, la benemérita Isabel Perelló?