Begoña Gómez tiene otra cita este lunes ante el juez Juan Carlos Peinado. El magistrado ha fijado a las 18.00 la celebración de la audiencia preliminar prevista en la legislación como paso necesario para la apertura de juicio oral en un proceso con jurado. Con este movimiento, el instructor deja más cerca del banquillo a la esposa de Pedro Sánchez. Peinado, que aceptó hace dos años una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias para impulsar una polémica investigación contra la mujer del presidente del Gobierno, ya consideró el pasado abril que contaba con indicios suficientes contra ella para que fuese acusada por cuatro delitos (malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca). Además de a Begoña Gómez, el juez ha llamado a comparecer al mismo acto a Cristina Álvarez, su asesora en La Moncloa; y al empresario Juan Carlos Barrabés. En el escrito enviado a las defensas, el magistrado advertía de que los tres imputados tienen obligación de presentarse a la cita y que, en el caso de no acudir, serían “conducidos por la fuerza pública”, además de avisar de que en esta vista “podría adoptar alguna medida cautelar” que “evite o minimice el riesgo” de fuga ante la “extensión” de la pena de cárcel a la que se enfrentan. El magistrado ha aceptado que Barrabés, que arrastra una enfermedad grave, acceda por el garaje al edificio. Y, como en ocasiones anteriores, la decana de los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla también lo ha autorizado para la esposa del presidente por motivos de seguridad, según confirman fuentes jurídicas.La Ley del Tribunal del Jurado prevé que, una vez que los procesados han presentado sus correspondientes escritos de defensa, el instructor fija esta audiencia preliminar para que las partes se pronuncien sobre la “procedencia de la apertura de juicio”. En este acto, que puede no celebrarse si así lo solicitan todos los acusados, existe la posibilidad de practicar diligencias (como declaraciones de testigos), pero Peinado ya ha rechazado todas las propuestas —aunque, según la normativa, en la propia vista se pueden plantear más—. Una vez escuchadas a las defensas, a la Fiscalía y a las acusaciones; el magistrado puede dictar en el mismo acto “o dentro de los tres días siguientes”, según la ley, el auto de apertura de juicio o el de archivo del caso. Según fuentes cercanas a los imputados, este segundo escenario les resulta bastante improbable, visto el papel desempeñado hasta ahora por el juez instructor. Al proponer sentarlos en el banquillo, Peinado argumentó que Begoña Gómez se aprovechó de su relación con el líder del PSOE para impulsar su carrera profesional e, incluso, dibujó un supuesto escenario de corrupción tejido desde La Moncloa que no se veía desde “el reinado de Fernando VII”: “Por mucho que se busque [...] no podrá hallarse un supuesto de similares características, pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado”, escribió en su resolución.La tesis del magistrado no solo choca con las defensas (como es previsible), sino también con la Fiscalía, que ha denunciado continuos excesos de la instrucción. El ministerio público ha pedido de manera reiterada el archivo ante “la inexistencia” de los delitos atribuidos por Peinado. El abogado de la esposa del presidente, Antonio Camacho, que le pidió paralizar el procedimiento hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva la batería de recursos presentados contra sus decisiones, ha acusado igualmente al magistrado de actuar “como si tuviera excesiva prisa en finalizar el procedimiento” y de imprimirle “una velocidad de crucero absolutamente incompatible” con las “garantías de un proceso penal en un Estado democrático”. El próximo 27 de septiembre, Peinado cumplirá 72 años y, por ley, tendrá que jubilarse.De cara a la celebración de un hipotético futuro juicio, la acusación popular —liderada por la asociación ultracatólica Hazte Oír— reclama que se condene a 24 años de prisión a la mujer de Pedro Sánchez. Por su parte, solicita 22 años de cárcel para la asesora Cristina Álvarez; y seis años para el empresario Barrabés.