El juez Juan Carlos Peinado ha conseguido, definitivamente, pasar a la historia de la judicatura española. Ni en su última decisión como instructor del caso contra Begoña Gómez ha dejado pasar la oportunidad de ordenar una diligencia insólita y controvertida, la de retirar el pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno. Este miércoles volverá a convertirse en protagonista de una escena hasta ahora inconcebible, la entrega en su juzgado del documento que permite salir de España a la cónyuge presidencial. Ha tenido que retorcer los argumentos hasta el extremo de enfrentarse a un expediente que ya estudia el Poder Judicial con tal de disfrutar del momento. Exiguo precio para la dimensión de la gloria de sentar a la mujer de Pedro Sánchez en el banquillo de los acusados, ha debido pensar. En dos meses estará jubilado y no procedía flaquear al final de su memorable investigación.No es la primera vez que el simpar magistrado exprime las prerrogativas que su poder como juez le otorga, logrando para su historial un lustroso álbum de fotografías únicas. La más icónica, sin duda, la de su llegada al Palacio de la Moncloa para interrogar al presidente del Gobierno, al que impidió testificar por escrito, ni por videoconferencia, como la ley le permite. Y únicamente para arrancarle la confirmación de que conocía a Begoña Gómez puesto que era su esposa y que, por eso mismo, se acogía a su derecho de no contestar a más preguntas. Jugosa y rentable diligencia para la investigación. La lluvia de titulares, periodistas y fotógrafos apostados a la puerta de Moncloa para relatar cómo, por primera vez, un juez acudía a interrogar a un presidente merecía la pena.También sometió al ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a un tenso interrogatorio en la misma Moncloa donde tiene su despacho. Según llegó, exigió una tarima y una disposición de las sillas para la toma de declaración que dejase al ministro ineludiblemente por debajo de su procesal mirada. Las reprimendas por si el ministro sonreía o no contestaba como el juez pretendía fueron habituales durante la sesión en la que comparecía como testigo y tras un par de meses solicitó su imputación calificando sus respuestas de "falsas y evasivas". Dos semanas semanas después el Tribunal Supremo se lo impidió al considerar que no existía ningún indicio para imputar delito alguno ni para investigar a Bolaños por nada.Instancias superiores, como la Audiencia Provincial de Madrid, también han frenado más de una decena de diligencias ordenadas por Peinado por considerarlas impropias, no fundamentadas o que se extralimitaban al objeto de investigación. Corresponderá también a ella ahora confirmar la apertura de vista oral con jurado popular que propone Peinado tras cerrar una delirante instrucción que ha durado más de dos años y que le atribuye cuatro delitos. En Moncloa hace tiempo que tenían asumido que la instrucción de Peinado no podía concluir de otra manera pero las medidas cautelares impuestas alegando 'riesgo de fuga' no entraban en ninguno de los guiones previstos.Hacía solo unos días que el juez Calama, que investiga a Zapatero, no consideró la retirada del pasaporte solicitada por las acusaciones debido, precisamente, a su notoriedad pública, lo que le impediría una hipotética fuga. Para Peinado, sin embargo, hasta los policías que escoltan a diario a Begoña Gómez y, por tanto, entorpecerían cualquier intento de huida, podrían, por el contrario, ayudarla a salir del país si reciben las órdenes oportunas. El delirio de tal justificación para una medida cautelar tan relevante, que también conlleva presentarse cada 15 días en el juzgado, ha forzado al Consejo del Poder Judicial a estudiar abrirle un expediente. Si prosperase, sin embargo, no conllevaría más que una posible multa, excluida la inhabilitación o el traslado dada la próxima jubilación obligatoria del juez en el mes de septiembre, cuando cumple 72 años.De la gloria con la que se jubile el juez Peinado depende ahora que Begoña Gómez sea la siguiente"Recordemos que la acusación popular, que ejercen organizaciones vinculadas a la ultraderecha, solicitan para Gómez 24 años de prisión, y que el beneficio conseguido por la acusada a través de los supuestos delitos se reduce a haber prosperado en su profesión y a menos de 10.000 euros al año que le pagó la Complutense mientras dirigió la polémica cátedra, cifra que se quedaría en apenas 4.000 si se computan años anteriores en los que su colaboración con la universidad no estuvo remunerada. También se habría servido de determinada ayuda logística prestada por su asistente de Moncloa, enviando mails y concertando alguna cita, lo que la convierte, para Peinado, en presunta malversadora de caudales públicos, justo el necesario delito para que su juicio entre en el ámbito del jurado popular.Son ya varios los jueces que eligen exprimir el rigor de la ley, cuando no retuercen directamente sus límites, y llevan al extremo las posibilidades de investigación, la calificación y la dimensión de los delitos o la imposición de condenas cuando los acusados están en el entorno del Gobierno. Recordemos la sentencia contra el exFiscal General del Estado, la pena de cárcel a la que se enfrenta el hermano de Pedro Sánchez o la máxima condena impuesta a Ábalos. De la gloria con la que se jubile el juez Peinado depende ahora que Begoña Gómez sea la siguiente.