La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contactó ayer para reunirse hoy de urgencia para decidir si abre un expediente disciplinario al juez Juan Carlos Peinado. Este magistrado anunció el sábado la apertura de juicio oral contra Begoña­ Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a la que aplicó rigurosas medidas cautelares, al prohibirle salir de España, retirarle el pasaporte y obligarle a presentarse en el juzgado dos veces al mes.La reunión convocada para la mañana de hoy no está, sin embargo, motivada por dichas medidas, que muchos ciudadanos consideran desproporcionadas, sino por los pasajes del auto en los que Peinado presenta como plausible la hipótesis de que los propios miembros de la escolta policial de la presidencia del Gobierno­ podrían ayudar a Gómez a darse a la fuga, motivo por el que a su entender procederían las cautelares.El magistrado del caso de Begoña Gómez indigna por igual al Ejecutivo y a los sindicatos policialesEsta hipótesis de Peinado ha causado indignación en las filas socialistas y ha motivado una queja formal del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dirigida a Isabel Perelló, presidenta del CGPJ. Según Marlaska, las palabras de Peinado cuestionan la profesionalidad y la ética de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también la de sus superiores jerárquicos, y constituyen “un hecho de máxima gravedad”. Los principales sindicatos policiales, cuyas tomas de posición no suelen coincidir con las del actual Gobierno, elevaron también su protesta­ tras conocer las palabras de Peinado, que cuestionan su rectitud. “Auténtica barbaridad” y “ofensa intolerable, escandalosa y miserable” fueron algunos de los comentarios de los representantes ­policiales.Creemos que la decisión del CGPJ de analizar y pronunciarse sobre el modus operandi de Peinado es oportuna. Creemos también que quizás sería pertinente que el CGPJ abriera el foco y fuera más allá de los pasajes del auto ofensivos para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entre otras razones, porque la instrucción que ha hecho Peinado del caso a lo largo de los dos últimos años ha sido calificada ya por otras instancias judiciales y por diversos especialistas como prospectiva, extravagante, deficiente y rica en acusaciones no sustanciadas, motivo por el que ha recibido algún que otro varapalo de la Audiencia Provincial de Madrid.Asimismo, aunque en este caso el CGPJ se ha apresurado a convocar la reunión, creemos que ese órgano no se equivocaría si operara con mayor celeridad cuando las actuaciones de un magistrado suscitan tanta crítica y, por consiguiente, contribuyen a empañar la imagen de la justicia en general. Hace ya más de un año que Félix Bolaños, ministro de Justicia, se dirigió al CGPJ para expresar sus quejas ante lo que él conceptuaba como “irregularidades” en la conducta de Peinado. Tenga o no razón, merece una respuesta. Pero la autoridad disciplinaria del poder judicial no ha considerado por ahora necesario atender la solicitud del ministro de Justicia.El órgano de gobierno judicial debe obrar más rápido cuando se erosiona la imagen de la justiciaNo descubriremos nada nuevo si recordamos ahora que la política está a veces judicializada, y la justicia, politizada. Ninguno de los dos supuestos anuncia nada bueno. Pero el segundo daña la justicia de modo muy preocupante. Lo cual es doblemente lamentable, tanto por el perjuicio causado a uno de los pilares del Estado de derecho como porque la mayoría de los magistrados proceden de modo irreprochable. Razón de más para que el CGPJ intervenga con mayor celeridad y con pulso firme cuando se acumulan las dudas respecto a la actividad de alguno de dichos magistrados.En las últimas semanas ha crecido de modo alarmante el runrún sobre inquietantes aspectos de la labor de la administración de justicia. Por ejemplo, los relativos a los distintos ritmos que se imprimen a las causas judiciales, a menudo relacionados con el ámbito sociopolítico en el que se encuadran sus protagonistas. El caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que admitió fraudes a Hacienda y cuyos ingresos de más de cuatro millones en tres años han despertado las sospechas de la UCO, casi no ha avanzado. Entretanto, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue condenado y apartado de su cargo al atribuírsele de modo insuficientemente documentado una filtración relativa a dicho caso. Este estado de cosas a nadie beneficia. Los argumentos de parte pueden, por el mero hecho de serlo, ser recusados por la parte contraria. Pero ahí está el poder judicial para exhibir su mejor criterio, impedir abusos, actuar en beneficio de todos y, no menos importante, salvaguardar la imagen de la justicia.