El juez Juan Carlos Peinado (Alberto Di Lolli / Archivo)El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido dar un paso más en dos de las cinco investigaciones disciplinarias que mantenía abiertas contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa en la que está investigada Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. La Comisión Permanente ha acordado remitir ambos expedientes al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que deberá decidir si procede imponer al magistrado una sanción por dos posibles faltas disciplinarias leves. En cambio, ha asumido la propuesta de archivo de las otras cuatro diligencias que seguían abiertas.Uno de los expedientes que continuará su tramitación está relacionado con la resolución en la que Peinado retiró el pasaporte a Begoña Gómez como medida cautelar. En ese auto, el magistrado justificó la decisión asegurando que los agentes encargados de la escolta de la esposa del presidente del Gobierno podían “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos” facilitar una eventual fuga de España. El segundo asunto hace referencia a un posible retraso injustificado en la tramitación de otro procedimiento judicial, una causa por presuntas calumnias contra el periodista Nacho Abad que, según la queja examinada por el órgano de gobierno de los jueces, permaneció paralizada entre junio de 2024 y enero de 2026.PUBLICIDADLa decisión fue adoptada este lunes por la Comisión Permanente del CGPJ tras varios días de desacuerdo interno. El órgano ya había intentado resolver el asunto la semana pasada, pero las diferencias entre sus siete vocales —cuatro del sector conservador y tres del progresista— impidieron alcanzar una mayoría y obligaron a aplazar la votación.La Permanente debía pronunciarse sobre las propuestas formuladas por el promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, encargado de instruir los expedientes contra jueces y magistrados. Su criterio era archivar las cinco diligencias abiertas contra Peinado, aunque finalmente el órgano optó por una solución intermedia: mantener vivas dos de las investigaciones y cerrar el resto.PUBLICIDADLa principal discrepancia dentro del CGPJ giró en torno al auto por el que Peinado acordó retirar el pasaporte a Begoña Gómez. En esa resolución, el instructor sostuvo que los policías encargados de la seguridad de la esposa del presidente podían facilitar su huida, una afirmación que terminó situándose en el centro del debate disciplinario.La presidenta del Consejo, Isabel Perelló, defendió inicialmente la apertura de un expediente al entender que esas manifestaciones podían encajar en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que sanciona el exceso o abuso de autoridad o la falta grave de consideración hacia quienes intervienen en un procedimiento. Esa infracción contempla sanciones que van desde una multa de hasta 6.000 euros hasta el traslado forzoso, la suspensión o incluso la expulsión de la carrera judicial.PUBLICIDADSin embargo, la Comisión Permanente rebajó finalmente esa propuesta. En lugar de abrir directamente un expediente disciplinario, acordó remitir la resolución al promotor de la Acción Disciplinaria para que valore si esas expresiones pueden constituir una falta grave de desconsideración hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.El criterio inicial del promotor había sido distinto. Ricardo Conde defendía el archivo porque entendía que, al tratarse del contenido de una resolución judicial, resultaba aplicable el artículo 418.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ese precepto sanciona el uso de expresiones innecesarias, improcedentes, extravagantes o manifiestamente ofensivas en resoluciones judiciales, pero establece que el CGPJ solo puede actuar si el tribunal superior que revisa esa resolución deduce previamente testimonio contra el juez, algo que no ocurrió después de que la Audiencia Provincial de Madrid revocara las medidas cautelares impuestas a Begoña Gómez el pasado 16 de julio.PUBLICIDAD(Noticia en ampliación)