La falta de acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha obligado este martes a aplazar la decisión de ese órgano sobre cinco investigaciones abiertas al juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. La comisión permanente —el principal órgano de decisión del CGPJ tras el pleno— tenía que decidir si aceptaba las propuestas del llamado promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, y renunciaba a expedientar a Peinado o si, por el contrario, instaba a seguir adelante con las investigaciones contra el juez. Pero fuentes del órgano señalan que la reunión ha terminado sin acuerdo y la presidenta, Isabel Perelló, y los siete vocales que forman esta comisión (cuatro conservadores y tres progresistas) continuarán deliberando en los próximos días. Entre las cinco investigaciones que Conde propone cerrar se encuentra la puesta en marcha hace unas semanas después de que el juez Peinado, tras mandar a Gómez a juicio, le retirara el pasaporte con el argumento de que los policías que ejercen como escolta del presidente y su esposa podían ayudarla a fugarse de España. Ese razonamiento del instructor causó perplejidad no solo en el Gobierno, sino incluso en el Poder Judicial, que se reunió de forma extraordinaria dos días después para estudiar medidas contra Peinado. Perelló propuso de inicio expedientar al magistrado al considerar que la actuación del juez podría ser constitutiva de una infracción disciplinaria en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dicho precepto hace referencia al “exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los superiores, iguales o inferiores en el orden jerárquico, de los miembros del Ministerio Fiscal, de los abogados, procuradores, secretarios judiciales y de cualquier otra persona que intervenga en el procedimiento”. Y establece que dicha conducta supone una falta grave que puede acarrear sanciones que van desde multa de 6.000 euros al traslado forzoso, suspensión de tres años o incluso la expulsión de la carrera. Pero la comisión permanente acabó rebajando esa propuesta y acabó limitándose a remitirle a la autoridad disciplinar la resolución de Peinado que recogía esas afirmaciones para que sea Conde quien “valore si las expresiones contenidas en el mismo, en las que se sugiere que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado podrían colaborar en la fuga de una persona investigada, pudieran ser constitutivas de una falta grave de desconsideración”.Fuentes del órgano señalan que el promotor ha propuesto el archivo porque la Ley Orgánica del Poder Judicial establece (artículo 418.6) que cuando en una resolución judicial se empleen “expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes, manifiestamente ofensivas o irrespetuosas”, el Consejo solo podrá actuar si se lo pide el tribunal superior del juzgado en cuestión, lo que no ha ocurrido en este caso. Además de la investigación por las afirmaciones del Peinado sobre la escolta policial de Gómez, la comisión permanente del CGPJ tenía este martes otras cuatro diligencias abiertas sobre el mismo juez, titular de la plaza 41 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid. Una de ellas deriva de la queja presentada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien denunció que el instructor actuó de forma “irregular” cuando le interrogó como testigo en La Moncloa por el caso contra la mujer del presidente del Gobierno y cuando, más tarde, pidió sin éxito al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. En marzo pasado, el promotor propuso archivar este caso, pero la permanente le instó a seguir investigando con el argumento de que faltaban datos relevantes para completar las pesquisas. El CGPJ ha estudiado también la propuesta de archivo de la autoridad disciplinaria sobre las quejas presentadas por Más Madrid y el diputado socialista en la Asamblea de Madrid Guillermo Hita contra Peinado porque, mientras impulsaba con ahínco la causa contra Gómez, se le pasaron los plazos de otra investigación que afectaba a un alto cargo del popular José Luis Almeida, alcalde del Ayuntamiento de Madrid, lo que le obligó a archivar el caso. El promotor ya propuso archivarla hace unos meses, pero los vocales de la permanente estimaron nuevamente que faltaba información relevante para decidir sobre estas quejas, pero como las lagunas eran mayores que en el caso de la queja de Bolaños, acordaron retirar el asunto del orden del día a la espera de obtener todos los datos necesarios. Las otras decisiones de la autoridad disciplinaria que ha estudiado el CGPJ tenían su origen en una queja presentada por Cristina Álvarez, asesora de la esposa del presidente del Gobierno que también está imputada en el caso; y otra registrada por un particular.