La imposición de severas medidas cautelares sobre la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, causó este sábado estupefacción entre el Ejecutivo, el PSOE y algunos sectores de los operadores jurídicos; pero uno de los argumentos empleados por el juez Juan Carlos Peinado para justificar esa decisión -que los policías que ejercen de escolta de Gómez podrían ayudarla a fugarse de España- ha sembrado perplejidad incluso en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), habitualmente poco proclive a poner en cuestión actuaciones judiciales. Su presidenta, Isabel Perelló, ha propuesto debatir si se ordena a la autoridad disciplinaria del Consejo que abra un expediente al magistrado por esas afirmaciones, incorporadas en el auto con el que comunicó la apertura de juicio oral a Gómez y la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer cada 14 días en el juzgado. Fuentes del CGPJ han señalado que Perelló había convocado a la comisión permanente, el principal órgano dedecisión tras el el pleno, a una reunión online para este domingo a las 10.00 pero, finalmente, decidió aplazarla para hacerla el lunes a las 9.00 de forma presencial con el fin de facilitar el debate. La propuesta que presentó Perelló para la convocatoria de la permanente es la siguiente, según el texto al que ha tenido acceso EL PAÍS: “Ordenar al Promotor de la Acción Disciplinaria, al amparo de lo dispuesto en el articulo 608.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la iniciación de un expediente disciplinario al magistrado Juan Carlos Peinado por si las expresiones contenidas en el auto del 20 de junio de 2026 (procedimiento del tribunal con jurado 1146/2024) en las que sugiere que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrían colaborar en la fuga de una persona investigada podrían ser constitutivas de una infracción disciplinaria en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.El precepto que cita Perelló hace referencia al “exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los superiores, iguales o inferiores en el orden jerárquico, de los miembros del Ministerio Fiscal, de los abogados, procuradores, secretarios judiciales y de cualquier otra persona que intervenga en el procedimiento”. Está considerado una falta grave que pueden acarrear sanciones que van desde multa de 6.000 euros al traslado forzoso, suspensión de tres años o expulsión de la carrera. Peinado, no obstante, cumple el próximo 27 de septiembre 72 años, la edad máxima de jubilación de los jueces, por lo que, en caso de que se le abra expediente por sus afirmaciones sobre los escoltas policiales de la esposa del presidente, la posible sanción difícilmente llegaría a tiempo como para tener efectos prácticos.La propuesta de Perelló de expedientar a Peinado llega después de que las afirmaciones del juez sobre la escolta policial de Pedro Sánchez y su esposa provocaran la indignación no solo en el entorno del Ejecutivo y el PSOE, sino también de los sindicatos policiales, incluido Jupol, el más abiertamente enfrentado al Gobierno. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, presentó este mismo sábado una queja a la presidenta del CGPJ en la que pidió que el órgano de gobierno de los jueces adopte “las medidas que puedan resultar procedentes”. “Estas afirmaciones, recogidas en un auto judicial, representan un grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya actuación se desarrolla únicamente en parámetros de legalidad y constituye una de las principales garantías del Estado de Derecho”, señala el texto remitido por el ministro, quien advirtió de que el cuestionamiento no solo alcanza a los agentes concretos que escoltan a la esposa de Sánchez, “sino también a sus superiores jerárquicos, afirmando la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales”.A la queja enviada por Marlaska al CGPJ se ha sumado este domingo la presentada por la defensa de Gómez. En un escrito remitido al departamento de Inspección del Consejo al que ha tenido acceso EL PAÍS, el abogado Antonio Camacho denuncia que el juez no le ha notificado el auto de apertura de juicio oral y de imposición de medidas cautelares, decisiones de las que la defensa se ha enterado por los medios de comunicación. El letrado considera que esta forma de actuar vulnera la Constitución y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). La primera, recuerda Camacho, consagra el derecho a la defensa, “que incluye necesariamente el derecho a ser informado de las actuaciones que afectan directamente al investigado”; mientras que la segunda establece la obligación del juez de notificar todas las resoluciones judiciales a las partes personadas en el procedimiento. En el escrito enviado al Consejo el abogado reclama que se inste a la Inspección de tribunales a verificar “las circunstancias en que fueron dictadas las resoluciones” de Peinado, “con especial atención a los motivos por los que no se procedió a su notificación” a la defensa. Asimismo, pide que se adopten “las medidas oportunas si de las actuaciones inspectoras resultase acreditado un funcionamiento anormal o irregular del órgano judicial, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias que pudieran derivarse de los hechos expuestos”. El letrado advierte de que la adopción de medidas cautelares sin comunicación previa o simultánea a la defensa resulta “especialmente grave” porque impide “el ejercicio inmediato de los recursos y remedios procesales que el ordenamiento le reconoce, causando un perjuicio irreparable de orden material y procesal”. “El hecho de que el letrado defensor haya tenido que conocer la existencia de estas resoluciones a través de la prensa —y no a través de los cauces procesales legalmente establecidos— constituye una situación de extraordinaria gravedad que compromete seriamente la imagen de la Administración de Justicia y el principio de igualdad de armas entre las partes", señala Camacho. La actuación de Peinado desde que decidió investigar a la esposa del presidente por, supuestamente, prevalerse de su relación con Sánchez para impulsar su carrera profesional, ha sido objeto de varias quejas en el CGPJ, pero, hasta ahora, ninguna ha supuesto una sanción para el juez. Hace unas semanas, la autoridad disciplinaria del Consejo propuso archivar cuatro quejas registradas contra el juez, dos de ellas tramitadas por el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, quien denunció que el instructor actuó de forma “irregular” cuando le interrogó como testigo en La Moncloa por el caso contra la mujer del presidente del Gobierno y cuando, más tarde, pidió sin éxito al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. La propuesta de la autoridad disciplinaria está todavía pendiente de ser debatida por la comisión permanente, formada por cuatro vocales conservadores, tres progresistas y la presidenta, Isabel Perelló, que tiene voto de calidad en caso de empate.