El magistrado Juan Carlos Peinado ha decidido abrir una nueva línea de investigación dentro de la causa impulsada contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El juez instructor, que celebró el pasado lunes una audiencia preliminar por la parte principal del procedimiento (paso necesario para poder sentarla en el banquillo ante un jurado por delitos de malversación, corrupción en los negocios, tráfico de influencias y apropiación indebida), acordó este jueves dar luz verde a una nueva pieza separada por un presunto delito de prevaricación y otro de fraude a los intereses de la UE. Peinado incluyó a Gómez en una primera lista de investigados, pero emitió este viernes un escrito para “aclarar” que ella no formaba parte de esta nueva pieza, activada tras recibir documentación de la Fiscalía Europea con sospechas sobre un contrato adjudicado a una compañía del empresario Juan Carlos Barrabés.Fuentes jurídicas explican que este paso de Peinado no supone ninguna acusación formal todavía ni una conclusión sobre la existencia de nuevos delitos, pero sí implica la apertura de un nuevo frente dentro del procedimiento —que se puede traducir en más indagaciones e informes—. En un primer listado de investigados que encabeza dos escritos firmados este jueves por el juez sobre esta pieza separada constaban Juan Carlos Barrabés; Begoña Gómez; y Cristina Álvarez, su asesora en La Moncloa. Pero el juez ha rectificado este viernes y ha emitido otro escrito para “aclarar” que solo se dirige esta pieza contra el empresario: “Dado que en la apertura de la pieza separada recoge a todos los participantes de la principal, se aclara [...] en el sentido de que únicamente se abre la presente pieza por el delito de prevaricación y de fraude a los intereses de la Unión respecto del investigado Juan Carlos Barrabés, sin perjuicio de lo que resulte de las diligencias que en su caso puedan acordarse”, reza el dictamen, rubricado por el magistrado a las 13.11.Mientras tanto, defensas y acusaciones están a la espera de conocer aún la decisión de Peinado sobre si acuerda abrir juicio oral a la pareja del líder del PSOE por los primeros cuatro delitos o si archiva el caso (opción que las defensas ven muy improbable, visto el papel desempeñado por el juez en la causa). También debe comunicar si le retira el pasaporte a Begoña Gómez por riesgo de fuga, como reclamó la acusación popular liderada por Hazte Oír, que pidió igualmente que se le prohibiera salir de España y le obligara a acudir cada 15 días a un juzgado.Según consta en una breve resolución de apenas dos párrafos, el magistrado ha pedido opinión ahora a la Fiscalía de Madrid sobre esta recién creada parte de las pesquisas, que se centran en un contrato adjudicado por la compañía pública Red.es a una unión temporal de empresas (UTE) formada por Innova Next —propiedad de Barrabés— y la consultora KPMG. Este expediente fue supuestamente financiado con fondos comunitarios Feder y estuvo bajo la lupa de la Fiscalía Europa. Fuentes cercanas a Begoña Gómez insisten en que ella no tiene ninguna relación con ese contrato, y que no consta ni siquiera una carta de recomendación a su favor. La Fiscalía Europea mantiene actualmente abierta una investigación sobre varios contratos otorgados por Red.es a las compañías de Barrabés. Unas pesquisas donde Begoña Gómez declaró como testigo el pasado mayo —cuando afirmó que nunca habló con nadie del Gobierno sobre concesiones públicas a estas empresas— y a las que se incorporó un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil donde se mencionaba la adjudicación a la UTE compuesta por Innova Next y KPMG. Según la Fiscalía Europea, de ese documento policial “se desprende” que, al asignar dicho expediente, el informe de valoración “habría obviado deliberadamente la circunstancia de la inexistencia de un libro blanco como requisito necesario exigido en los pliegos a puntuar en el criterio 3, del que dependen los juicios de valor en el que la citada UTE fue puntuada con la máxima nota, resultando adjudicataria”.Por ello, la Fiscalía Europea decidió ampliar sus pesquisas a ese contrato, pero Barrabés recurrió ante la Audiencia Nacional (que tutela las indagaciones del órgano comunitario). El pasado 4 de junio, el tribunal dio la razón al empresario y anuló esa extensión de la investigación. A continuación, el órgano europeo remitió sus indagaciones a Peinado, que ha acordado esta semana abrir una pieza separada del procedimiento principal para ahondar en la adjudicación a la UTE de Innova Next y KPMG, valorada en cuatro millones de euros.El dictamen de la Audiencia Nacional que revocaba la iniciativa de la Fiscalía Europea, firmado por el magistrado Antonio Piña, explica que este nuevo contrato bajo sospecha ya formaba parte de la investigación principal de Peinado; y que este no vio indicios suficientes para incluirlo dentro de los hechos por los que Gómez, Barrabés y Álvarez debían ser juzgados ante un jurado. Ni Peinado lo mencionó, ni tampoco las acusaciones. Además, Piña afirma que existen dudas de que la Fiscalía Europea sea competente para indagar en el contrato de Innova Next y KPMG, “al acreditarse documentalmente por la Abogacía del Estado que no fue financiado con fondos europeos”.Sin embargo, la Audiencia Nacional también añadió que todo ello “no significa” que no “pueda reabrirse una nueva investigación sobre un procedimiento que ya fue objeto de instrucción” de Peinado, y que este no incluyó en la resolución emitida en la parte principal de la causa. “La no existencia de mención en el auto de transformación no se puede equiparar a un sobreseimiento provisional o libre”, apostilló el órgano. La Fiscalía Europea indicó que preveía impulsar más averiguaciones sobre ese contrato. La parte principalEn la parte principal de la causa, por la que celebró la audiencia preliminar del lunes, Peinado atribuye hasta cuatro delitos a Begoña Gómez: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Su instrucción gira en torno a dos tesis principales: que la esposa de Sánchez se aprovechó de su relación con el líder del PSOE para impulsar su carrera profesional; y que se apoyó en su asesora para que la ayudara en sus trabajos privados. Pese a las críticas, el juez considera que se tejió así una trama de corrupción que no se veía desde “el reinado de Fernando VII”: “Por mucho que se busque [...] no podrá hallarse un supuesto de similares características, pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado”, escribió en una resolución de abril.Por esta parte del sumario, de cara a la celebración de un hipotético futuro juicio, la acusación popular —liderada por la asociación ultracatólica Hazte Oír— reclama que se condene a 24 años de prisión a la mujer de Pedro Sánchez. A su vez, solicita 22 años de cárcel para la asesora Cristina Álvarez; y seis años para Barrabés.