El Ayuntamiento de Barcelona ultima la anulación de 41 licencias de apartamentos turísticos en el distrito de Ciutat Vella vinculadas a la trama corrupta que operó en el seno del Consistorio en 2006 y cuyo juicio acabó con 17 condenados, entre ellos exfuncionarios. El paso que ha dado el Gobierno de Jaume Collboni se explica por la sentencia dictada por la Audiencia de Barcelona y el aval de diciembre pasado del Tribunal Supremo, que ponía fin al recorrido judicial de un caso que, además de impulsar autorizaciones para operar pisos turísticos a cambio de mordidas, se convirtió en un foco de amenazas y presiones contra la exconcejal Itziar González y la funcionaria Lourdes Conesa por ir a la contra y denunciar lo ocurrido. El Consistorio prevé remitir en el plazo de un mes la resolución definitiva de anulación a los titulares de las licencias. La Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat ha validado la actuación municipal y ha emitido informes favorables a la revisión de oficio de las licencias, el último paso previo a la resolución definitiva de anulación. Esas 41 primeras licencias forman parte de un bloque de 160 autorizaciones administrativas para operar viviendas turísticas en Ciutat Vella que o bien fueron detectadas durante el juicio o bien el Ayuntamiento las había descubierto antes de publicarse el fallo. Además, el Gobierno municipal está analizando otros títulos de aquella época para determinar si también contaban con deficiencias pese a ser aprobados. Los ocho dictámenes con el visto bueno del organismo de la Administración catalana afectan a edificios ubicados en las calles de Sant Miquel, 61 (3); del Carme, 10 (16); de Sant Pere Mitjà, 62 (10); Argenteria (4), del Correu Vell, 2 (5); en la plaza de Catalunya (1) y en el pasaje del Dormitori de Sant Francesc, 2 (2). Fuentes del Ayuntamiento aseguran que remitirán a la Generalitat nuevos expedientes en función de que sus equipos jurídicos los vayan concluyendo para corregir a la trama corrupta que se movió a sus anchas en el Departamento de Licencias del distrito, y en el que estaban implicados cuatro técnicos municipales. Los condenados recibieron penas de entre seis meses y tres años y medio en un dilatado proceso judicial que se inició en 2009. La invalidación de las licencias se basa en que su concesión fue consecuencia directa de la comisión de delitos de falsedad documental, prevaricación urbanística y sobornos. No se han tenido en cuenta los argumentos esgrimidos por, por ejemplo, la sociedad Zalima Asesores, titular de las licencias después de adquirirlas en 2016 como consecuencia de toda la compra del edificio del número 61 de la calle de Sant Miquel. La empresa consideró en sus recursos que ellos eran un tercero que no tenía nada que ver con las maniobras ejercidas para la obtención ilícita de las licencias, cursadas de forma ilegal para sortear el obstáculo de no cumplir los requisitos del Registro de Empresas y Actividades Turísticas (REAT) ni del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos. Asimismo, el Ayuntamiento, avalado por la Generalitat, también ha rechazado la petición de una indemnización por la pérdida de la licencia porque “no existe un daño antijurídico que la Administración haya de compensar”, según consta en un dictamen aprobado por la comisión jurídica asesora de la Generalitat. La participación de ese ente de la Administración catalana está obligada para avalar la decisión municipal. De hecho, sus dictámenes son preceptivos en todos los procedimientos de revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho instruidos por las administraciones catalanas. “Hace un año dijimos que era intolerable que pisos turísticos que podían haber nacido de manera fraudulenta en Ciutat Vella continuaran funcionando con total normalidad, y por eso iniciamos los procedimientos para extinguir las licencias”, señala Laia Bonet, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento, a preguntas de este diario. En su opinión, el beneplácito del ente de la Generalitat demuestra que el Ayuntamiento va en la buena dirección: “Es posible empezar a recuperar como pisos para vivir algunas viviendas de uso turístico antes de 2028″. Ese es el plazo que se ha puesto el Consistorio para cerrar 10.500 pisos turísticos.El Ayuntamiento de Barcelona muestra su cautela ante el fin del proceso de anulación de licencias que fueron conseguidas a través de vías ilícitas. Tras su comunicación a los titulares, en su mayor parte empresas, estos podrían recurrir la decisión acudiendo a los tribunales y asegurándose, al menos, la prolongación de la explotación de esas viviendas turísticas. En función de la duración del proceso, podrían alargar todavía más los 20 años que les han permitido importantes ingresos procedentes del turismo en la zona más densificada de toda Barcelona.