Firman el documento Declaraci�n de Compostela en el que reclaman agilidad y transparencia sobre el procedimiento abierto por Bruselas por las pr�rrogas de la AP-9 y AP-66 y, en �ltima instancia, la supresi�n de los peajes en ambas autopistas.Galicia, Asturias y Castilla y Le�n han sellado este mi�rcoles la Alianza del Noroeste con la firma de la Declaraci�n de Compostela, suscrita con las principales organizaciones empresariales de las tres comunidades para reclamar a la Uni�n Europea (UE) una resoluci�n definitiva del procedimiento abierto sobre las pr�rrogas de las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66 que obligue al Gobierno del Estado a ponerles fin.La Declaraci�n de Compostela subraya la importancia estrat�gica de ambas autopistas para la movilidad de personas y mercanc�as, la competitividad empresarial, la cohesi�n territorial y el desarrollo econ�mico del noroeste. Adem�s, destaca que su r�gimen concesional tiene una incidencia directa sobre millones de personas y miles de empresas.El texto da muestra de una posici�n com�n del noroeste en defensa de los intereses econ�micos, sociales y territoriales compartidos y ha sido rubricado este jueves en la capital gallega por la conselleira de Vivienda e Planificaci�n de Infraestruturas de la Xunta, Mar�a Mart�nez Allegue; el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gesti�n de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo; y la secretaria general de Movilidad de la Junta de Castilla y Le�n, Natalia Fl�rez.Por la parte empresarial, han intervenido el presidente de la Confederaci�n de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites; la presidenta de la Federaci�n Asturiana de Empresarios, Mar�a Calvo; y el presidente de la Federaci�n Leonesa de Empresarios, Juan Mar�a Vallejo; as� como el consejero de MundiNova y presidente de En Colectivo, Diego Mara�a.El acuerdo se produce cuando est� a punto de cumplirse un a�o desde que la Comisi�n Europea (CE) concluyese en su dictamen motivado que las pr�rrogas de las concesiones de la AP-9 y la AP-66 formalizadas en el a�o 2000 incumplieron la normativa comunitaria en materia de contrataci�n p�blica y concesiones. La apertura del correspondiente procedimiento de infracci�n contra el Reino de Espa�a comenz� hace casi cinco a�os, a ra�z de una denuncia presentada por En Colectivo.En este contexto, el consejero asturiano de Movilidad, Medio Ambiente y Gesti�n de Emergencias, Alejandro Calvo, ha explicado que se necesita que el trabajo de este dictamen de la Uni�n Europea siga avanzando, para lo que las tres comunidades se dirigir�n al vicepresidente ejecutivo de la Comisi�n Europea (CE), St�phane S�journ�, con el objetivo de el asunto vaya al colegio de comisarios y se convierta en no solo un dictamen, sino en "una amenaza importante de incumplimiento y sanciones al Gobierno de Espa�a, que obligue a su cumplimento". "Es decir, redoblar la presi�n para que el Gobierno act�e", ha se�alado.En el acto, la conselleira de Vivienda e Planificaci�n de Infraestruturas, Mar�a Mart�nez Allegue, ha explicado este mismo viernes las tres comunidades remitir�n una carta al vicepresidente ejecutivo de la CE con la solicitud de reuni�n.Adem�s, la conselleira, que ha se�alado que los recursos judiciales presentados por cada comunidad siguen distintos cauces, ha recordado que la Xunta se enter� hace casi un a�o del dictamen por los medios y que a d�a de hoy desconoce el contenido de la respuesta emitida por el Gobierno, un hecho ante el que acudi� a los tribunales."Queremos transparencia y toda la informaci�n", ha dicho para asegurar que esto es "m�s necesario que nunca" en un momento en el que, seg�n ha sostenido, "se amenaza con una transferencia" de la AP-9 "impuesta" desde Madrid y que no respeta "el texto aprobado por unanimidad en el Parlamento gallego". La conselleira ha incidido en que el Gobierno debe rescatar la AP-9 y traspasar su titularidad a Galicia, pero que esta debe ser "una transferencia financiada".Por su parte, la secretaria general de Movilidad de Castilla y Le�n, Natalia Fl�rez, ha puesto en valor la posici�n com�n de las tres comunidades tanto a nivel institucional como empresarial para defender en Europa el fin de las pr�rrogas concesionales, cuyos peajes "perjudican la movilidad, la cohesi�n y la competitividad". "Pedimos que la Comisi�n Europea lleve el procedimiento hasta las �ltimas consecuencias y reclamamos al Gobierno transparencia en un asunto que afecta a Castilla y le�n", ha afirmado.La Declaraci�n de Compostela formaliza, adem�s, una alianza estable entre las administraciones p�blicas y el tejido productivo de Asturias, Galicia y Castilla y Le�n para mantener una interlocuci�n permanente con las instituciones europeas y subrayar, de forma coordinada, la importancia econ�mica, social y territorial de esta cuesti�n para todo el noroeste.El texto concluye con un llamamiento a que la resoluci�n de este asunto contribuya a reforzar la confianza de la ciudadan�a, las empresas y las instituciones en el Estado de derecho europeo y en los principios de transparencia, competencia, igualdad de trato y seguridad jur�dica que sustentan el mercado �nico.En Colectivo avisa Por su parte, en el acto en el que las patronales empresariales de las tres comunidades han incidido en los perjuicios econ�micos que la existencia de estos peajes provocan en los territorios, el presidente de En Colectivo, Diego Mara�a, ha explicado que si el Gobierno no acata el dictamen de forma voluntaria, la Comisi�n Europea debe iniciar el procedimiento de ejecuci�n del dictamen en el Tribunal de Justicia de la Uni�n Europea (TJUE), un hecho que, seg�n ha advertido, "alargar� los plazos".Por ello, ha dicho que esta Alianza del Noroeste aspira a "no dilatar m�s el cumplimiento de la legalidad" y que el Gobierno del Estado ejecute el dictamen de julio de 2025 y sobre el que, conforme ha sostenido, a�n no se sabe lo que va a hacer el Ejecutivo estatal.La Xunta defender� lo mismo si Feij�o gobiernaEn el acto y preguntada sobre si la Xunta tiene el compromiso del l�der del PP, Alberto N��ez Feij�o, para traspasar la AP-9 si hay cambio de Gobierno, ha incidido en que el Ejecutivo gallego exige el rescate y la transferencia pero no la "trampa" que, en su opini�n, impulsa el PSOE y sus socios.Allegue ha criticado la negativa del Gobierno a proceder al rescate cuando, seg�n los trabajos encargados por la Xunta, su coste es igual al de las bonificaciones que aplica el Ejecutivo estatal hasta el final del periodo concesional en el a�o 48. Un dinero que, conforme ha advertido, se incrementa cada a�o por el "gran lucro cesante". Por ello, ha insistido en que la Xunta exige el rescate y la transferencia financiada como aprob� el Parlamento de Galicia."Los intereses que estamos defendiendo como Xunta ser�n defendidos de igual modo ante el Gobierno central, gobierne quien gobierne", ha incidido.