Los populares Rueda y Mañueco y el socialista Barbón rechazan la concesión a empresas privadas de la AP-9 y la AP-66, prorrogada por Aznar vulnerando la normativa europea
Desde hace unos años, la eliminación de peajes se extiende por las autopistas españolas gracias a que las concesiones que las pusieron en manos de empresas privadas han ido llegando a su fin. La gratuidad se ha implantado en vías de Andalucía, Cataluña o Comunidad Valenciana y, en los dos próximos años, arribará a Euska...
di y Madrid. A la esquina noroeste de la península, sin embargo, le quedan sobre el papel más de 20 años de espera. Es el plazo fijado en los contratos del Estado con las empresas Audasa y Aucalsa, las compañías que hacen caja respectivamente en la gallega AP-9, que va de Ferrol a Tui, y en la AP-66, también conocida como autopista del Huerna porque une Asturias y León a través de este valle. Desde el pasado julio, la indignación ha ido creciendo en Galicia, Asturias y Castilla y León porque un dictamen jurídico de la Comisión Europea concluye que esas dos concesiones son ilegales.
Después de seis años de trámites y alegaciones, Bruselas comunicó en firme este verano al Gobierno central que la prórroga de la concesión en estas dos autopistas, que aprobó el Gobierno de José María Aznar (PP) hasta 2048 en el caso gallego y hasta 2050 en el de Huerna, vulneró la normativa europea. Basándose en esta resolución, los gobiernos de Galicia (PP), Asturias (PSOE) y Castilla y León (PP) han iniciado contactos para crear un “frente común” y exigirle al Ejecutivo de Pedro Sánchez que anule esos contratos y elimine el cobro de peajes en estas vías. Fuentes de la Xunta de Alfonso Rueda confirman que ya se ha celebrado una reunión entre los tres consejeros del ramo y explican que se está “avanzando” en un documento que exigirá la liberalización de ambas autopistas.
