Las comunidades autónomas, una mayoría de ellas con el Partido Popular al frente, van a dar la última palabra este lunes sobre el nuevo mapa de rutas de larga distancia en autobús, que va a poner en juego el Ministerio de Transportes con o sin su concurso. La aprobación de un nuevo modelo es esencial para desatascar el maremágnum de concesiones de líneas vencidas y tratar de mejorar la eficiencia de este modo de transporte colectivo, el más utilizado en España. El diseño final, eso sí, variará en función de cómo se decanten las comunidades.
Transportes espera la respuesta de los gobiernos autonómicos (el silencio equivale al rechazo) a un documento que les fue trasladado en julio. Cambian muchos de los itinerarios en función de estudios de demanda, flujos de la movilidad en vehículo privado o de las concentraciones de población. La actual red responde, por contra, a la realidad socioeconómica de muchas décadas atrás, lo que le ha hecho perder eficiencia. En el ministerio de Óscar Puente se estima que el nuevo mapa, con trayectos más directos entre las principales ciudades, haría crecer hasta un 40% la ocupación de los autobuses.
Transportes no las tiene todas consigo respecto al plácet de las autonomías. Algunas de las poblaciones servidas actualmente por el autobús quedan fuera del mapa y han de ser recogidas por las comunidades dentro de rutas regionales. Para ello, el Gobierno ha habilitado 40 millones de financiación extraordinaria con la que se ayudaría a sufragar el gasto extra. El Grupo Popular en el Congreso ha calificado esa partida de escasa, proponiendo una subida a 110 millones de euros y anticipando cuál puede ser el sentido del voto de los gobiernos regionales de su color. Fuentes al tanto de este asunto apuestan por el silencio de la mayoría, lo que se leería como un revés al ministro Óscar Puente.
