La pretendida reforma del transporte en autobús en España, a través de la Ley de Movilidad Sostenible que se tramita en el Congreso, tiene dividido al sector y muy expectante a la Comisión Europea. El Ministerio de Transportes cuenta con un nuevo mapa concesional de las grandes rutas que sigue basándose en el sistema concesional y contra el que numerosos agentes reclaman mayor competencia, cuando no la liberalización. Los toques de atención desde Bruselas, en favor de iniciativas que favorezcan nuevos servicios y precios más bajos para el viajero, amenazan ya con expedientes sancionadores. La presión comunitaria al Gobierno es vista como un resquicio para una apertura gradual del negocio, como ya sucedió con el tren de alta velocidad.
La Comisión mantiene un diálogo precontencioso con España, el denominado EU Pilot, por la prohibición del cabotaje en las rutas internacionales. Desde el órgano ejecutivo de la UE también se insiste en que las concesiones de las rutas que pisan más de una provincia, potestad del Ministerio de Transportes, no deben ir más allá de los diez años de duración, algo que ya está previsto en los nuevos contratos. Pero en España, muchas de las concesiones están vencidas y sin renovar décadas después de su entrega.
