El Congreso de los Diputados ha dado el visto bueno este jueves a una medida que estaba en el programa electoral de Alberto Núñez Feijóo ya en 2009, cuando ganó por primera vez la presidencia de Galicia: la transferencia de la autopista de peaje AP-9 a la Xunta por parte del Gobierno central. La ley que recoge el traspaso de la infraestructura que conecta al 60% de la población gallega ha salido adelante, sin embargo, con el voto en contra del PP que lidera Feijóo, que junto a UPN ha secundado el rechazo que siempre ha mantenido Vox. La norma, que aún debe pasar por el Senado donde los populares tienen mayoría, ha precisado para ser aprobada 17 años y varios intentos anteriores en la Cámara Baja que se frustraron.El PP de Feijóo, al igual que la Xunta de Alfonso Rueda, se opone a la norma de traspaso tal y como está redactada. Su contenido fue pactado hace unas semanas por PSOE, BNG y Sumar. Los populares han presentado enmiendas que han sido rechazadas con los votos de estos partidos y de los socios parlamentarios del Gobierno. Los de Feijóo alegan que el nuevo texto “rompe los consensos alcanzados en Galicia”, demora la transferencia efectiva porque introduce una futura negociación de los detalles entre la Xunta y el Estado y destruye su “viabilidad”. “Del texto original se han caído garantías esenciales para la viabilidad financiera del traspaso como la cobertura de las inversiones ya comprometidas”, aduce el diputado popular Pedro Puy. Puy ya ha advertido de que su partido se valdrá de su mayoría absoluta en el Senado para introducir cambios en la norma y recuperar, esgrime, el “espíritu” de la propuesta que el Parlamento gallego aprobó con el apoyo de PP, BNG y PSOE.El texto actual prevé el traspaso a Galicia de la gestión y de la titularidad de la autopista. También adjudica al Estado cualquier aportación económica que haya que realizar como consecuencia de los años en los que la vía estuvo en sus manos. Esta es para los partidos de izquierda que la promueven la “garantía” de que si la justicia europea anula la actual concesión porque la prorrogó el Gobierno de José María Azar de forma ilegal, tal y como ha dictaminado Bruselas, quien debe indemnizar a la concesionaria Audasa es el Gobierno central. La Xunta y el PP, sin embargo, sostienen que la redacción de la ley que ha sido aprobada este jueves en el Congreso no lo asegura y dicen temer que “hipoteque” a la Administración autonómica.La socialista Patricia Otero ha defendido que la norma ”cumple y respeta escrupulosamente" el texto acordado en el Parlamento de Galicia. Néstor Rego (BNG) la considera “un logro muy importante para Galicia” y ha instado al PP a que “deje de mentir”. Socialistas y nacionalistas ven una “garantía absoluta” de que la Xunta no tendrá que pagar ninguna indemnización a la concesionaria de la autopista si finalmente la justicia europea anula la concesión. Rego cree que “en el fondo” los populares “no quieren” la titularidad de la Autopista del Atlántico ni ninguna otra transferencia. Vox, sin embargo, considera que el PP ”ha comprado la idea nacionalista de que cuanto menos Estado haya mejor funcionarán las cosas". A su juicio, los de Feijóo se han metido “un gol en propia puerta”. “Han conseguido algo extraordinario: impulsar una iniciativa, perder el control de ella durante su tramitación parlamentaria, ser traicionados por quienes decían compartir con ustedes sus objetivos y terminar votando en contra de su propia iniciativa”, ha afirmado la diputada ultra Carina Mejías.Cinco veces fue aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego una proposición no de ley para que la Autopista del Atlántico sea transferida, pero todas las anteriores se fueron frustrando en distintos puntos de su tramitación. El traspaso de la autopista llegó por primera vez al Congreso de los Diputados en 2016, con Feijóo en la Xunta y Mariano Rajoy en La Moncloa. La sintonía de ambos políticos gallegos no sirvió para que fuera aprobada y el PP hasta bloqueó su debate. Hubo más tentativas, pero todas se estrellaron en algún punto de su tramitación en la carrera de San Jerónimo.El traspaso de la AP-9, en cualquier caso, no será inmediato ni siquiera cuando se apruebe esta ley de forma definitiva. Los detalles de su aplicación deberán ser negociados por la Xunta con el Gobierno en el marco de la comisión mixta de transferencias. El popular Pedro Puy duda incluso de que esta derivación sea constitucional.