Dieciocho a�os de espera, cinco iniciativas aprobadas por unanimidad en el Parlamento gallego y una proposici�n de ley cuyo tr�mite lleg� a retrasarse hasta en 60 ocasiones en el Congreso. Ese es el largo recorrido que ha necesitado Galicia para que la C�mara Baja diera por fin el pasado jueves el primer paso hacia la transferencia de la AP-9 a la Xunta. El desenlace, sin embargo, resulta casi tan ins�lito como la propia batalla por el traspaso. El Partido Popular, impulsor hist�rico de la iniciativa desde los tiempos en que Alberto N��ez Feij�o lideraba la oposici�n gallega, ha terminado votando en contra despu�s de que PSOE, Sumar y BNG modificaran durante la tramitaci�n el texto que durante a�os hab�a sustentado el consenso pol�tico gallego. La batalla se trasladar� ahora al Senado, donde los populares, amparados en su mayor�a absoluta, ya han anunciado que intentar�n revertir las consecuencias de una ley que consideran �inaceptable�.El encontronazo nace de los cambios introducidos por las izquierdas en el texto pactado inicialmente que, para el Gobierno gallego, eliminan las principales garant�as econ�micas con las que deb�a llegar el traspaso. En concreto, desaparece el compromiso expreso de que el Estado asuma los gastos derivados de las decisiones que ha tomado durante todo el tiempo en que la Autopista del Atl�ntico ha permanecido bajo su titularidad. Tampoco garantiza que el Ejecutivo central siga financiando las obras ya comprometidas, las futuras inversiones, la ampliaci�n de las bonificaciones a los usuarios o el recargo extraordinario del 1% anual que Audasa, actual concesionaria de la v�a, tiene autorizado aplicar sobre los peajes hasta 2038.Pero el principal riesgo llega por la v�a judicial. La pr�rroga que sigue permitiendo a la empresa privada concesionaria de la AP-9 explotar la autopista durante dos d�cadas m�s —aprobada por el Gobierno de Jos� Mar�a Aznar en el a�o 2000—, ya fue considerada ilegal el pasado verano por la Comisi�n Europea al concluir que "vulneraba las normas comunitarias de contrataci�n", lo que abre la puerta a que los tribunales puedan terminar anul�ndola. Si finalmente eso ocurre, la Xunta teme que los costes derivados de una decisi�n adoptada desde Madrid acaben recayendo sobre los contribuyentes gallegos.4.000 MillonesSeg�n los c�lculos facilitados por la Consejer�a de Vivienda e Infraestructuras a EL MUNDO, aceptar la proposici�n de ley en los t�rminos actuales supondr�a una factura de 3.939 millones de euros para la regi�n. El mayor agujero corresponder�a al eventual rescate de la concesi�n, valorado en 2.544 millones. A esa cantidad se sumar�an m�s de 900 millones para ampliar las bonificaciones a los usuarios, otros 484 millones derivados de ese recargo extraordinario sobre los peajes y alrededor de 554 millones en conservaci�n, mantenimiento e inversiones.Para los populares, la cuesti�n de fondo es sencilla: si el texto que durante a�os respaldaron por unanimidad todas las fuerzas pol�ticas gallegas ofrec�a las garant�as necesarias, �por qu� cambiarlo ahora?. Sobre esa idea incidi� el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al alertar de �un riesgo muy cierto� de que la operaci�n termine suponiendo un duro golpe para las arcas gallegas. �No puede ser que, ya en los estertores de la legislatura, se tome este acuerdo corriendo, sin consultar pr�cticamente a nadie y que sea sin financiaci�n, �nicamente para que puedan colgarse la medalla pol�tica�, apostill�.Un negocio 'ruinoso'Las consecuencias, sin embargo, van mucho m�s all� del choque entre administraciones. La AP-9 conecta las cinco grandes ciudades de la comunidad y soporta una intensidad media de m�s de 26.500 veh�culos al d�a, lo que la convierte en la columna vertebral de la movilidad en Galicia. Por eso, tanto los usuarios como el sector del transporte admiten observar con �estupefacci�n� el rumbo que ha tomado el acuerdo en los �ltimos d�as.�Resulta dif�cil de entender que quienes dicen defender los intereses de Galicia acepten un traspaso en estas condiciones. Llevamos a�os reclamando la liberalizaci�n de los peajes y el traspaso de la AP-9 a la Xunta, pero si el precio de conseguirlo es que seamos los �nicos que asumamos una factura que corresponde al conjunto del Estado, no tiene ning�n sentido�, sostiene el secretario general de la Federaci�n Gallega de Transportes de Mercanc�as (Fegatramer), Jos� Carlos Garc�a Cumplido.A su juicio, el momento elegido por las formaciones de izquierda �tampoco es casual�, al recordar que s�lo ahora, cuando la pr�rroga de la concesi�n de Audasa atraviesa su momento m�s delicado y una resoluci�n judicial que podr�a obligar al Estado a afrontar una indemnizaci�n millonaria parece cada vez m�s cercana, se ha decidido desbloquear una reivindicaci�n que llevaba a�os sobre la mesa. �Es una trampa. Es como decirles a los gallegos: 'Toma, ahora que nos encontramos con este problema, aqu� ten�is el muerto y arregl�oslas vosotros'. Aceptar una ley como esta ser�a un negocio ruinoso para todos nosotros�, critica.La oposici�n tilda a Rueda de 'traidor'Las formaciones que sacaron adelante la propuesta en el Congreso el pasado jueves niegan, sin embargo, que el nuevo texto deje desprotegida a Galicia y defienden que la norma �cumple escrupulosamente� las condiciones aprobadas en el Parlamento gallego. En esa l�nea se expres�, la portavoz nacional del BNG, Ana Pont�n, que acus� a Rueda de �mentir a la ciudadan�a� y defendi� que �todos los gastos derivados de la gesti�n del Estado los tendr� que seguir asumiendo el Estado�. A su juicio, el PP est� �buscando excusas para justificar lo injustificable� y �boicoteando� una transferencia que Galicia llevaba a�os reclamando.El l�der del PSOE gallego, Jos� Ram�n Besteiro, fue a�n m�s contundente y acus� al Partido Popular de haber dado la espalda a una reivindicaci�n hist�rica de la comunidad. �Feij�o y Rueda pasar�n a la historia por su traici�n a Galicia al votar en contra de la ley de transferencia de la AP-9. Cuando casi todo el Parlamento decide avanzar, el PP vuelve a quedarse solo y a votar en contra de Galicia�, afirm�.La proposici�n afrontar� ahora su pen�ltimo examen en el Senado, donde el Partido Popular podr� aprovechar su mayor�a absoluta para intentar reincorporar mediante enmiendas las garant�as econ�micas eliminadas durante la tramitaci�n en el Congreso. Si la C�mara Alta introduce cambios, la iniciativa deber� regresar de nuevo al Congreso para su aprobaci�n definitiva, donde PSOE, Sumar y BNG disponen de la mayor�a suficiente para mantener el texto que sali� adelante por 179 votos frente a los 169 de PP, Vox y UPN.Con todo, la �nica certeza que hoy parece quedar es que la demanda que durante a�os simboliz� el consenso pol�tico en Galicia afronta su recta final convertida en uno de los mayores motivos de confrontaci�n. Lo que para unos representa el �ltimo paso hacia una reivindicaci�n hist�rica, para otros amenaza con convertirse en un aut�ntico caballo de Troya: un lustroso regalo cuyo interior esconde una factura multimillonaria.