“Ilegalidad”, “discriminación inaceptable”, “injusticia” y “agravio territorial”. Los representantes de los gobiernos autonómicos y organizaciones empresariales de Galicia, Asturias y Castilla y León han encadenado reproches este jueves contra los peajes que siguen pagando quienes conducen por la AP-9 y la AP-66, dos vías de comunicación cruciales para el noroeste de España. Estas tres comunidades llevan casi un año esperando a que se ejecute el dictamen de la Comisión Europea que cuestionó estos cobros porque las prórrogas que el popular José María Aznar otorgó en 2000 a las empresas que gestionan las dos autopistas vulneraron la normativa comunitaria. Los tres ejecutivos, en manos de PP y PSOE, cargan contra el Gobierno del socialista Pedro Sánchez por no acatar ya la decisión de Bruselas, negarles información y dilatar el procedimiento.Santiago de Compostela ha acogido un “encuentro de trabajo” de gobernantes y empresarios de Galicia, Asturias y Castilla y León para intentar acelerar el proceso y lograr la gratuidad de ambas autopistas. Para ello, administraciones y patronales han decidido enviar una carta a la Vicepresidencia de la Comisión Europea pidiéndole que apremie al Gobierno de España. Fue en julio del pasado año cuando Bruselas emitió el dictamen que declara ilegales las prórrogas de concesión de estas autopistas. El Ejecutivo de Sánchez podía haber acatado ya la resolución de forma voluntaria o llevar el asunto al Tribunal de Justicia Europeo (TJUE). Sin embargo, no ha hecho ni una cosa ni la otra y ha enfadado tanto a la Xunta (PP), el Principado (PSOE) y la Junta de Castilla y León (PP) como a las patronales de estos territorios, que consideran los elevados peajes de estas vías un “agravio” en su competitividad con respecto a las empresas de otras comunidades.Los gobiernos de Galicia, Asturias y Castilla y León quieren reunirse con el vicepresidente de la Comisión Europea para convencerle de que promueva una “amenaza de sanciones” al Gobierno de España y así “redoblar la presión” para que este actúe, ha explicado el consejero asturiano de Movilidad, el socialista Alejandro Calvo. Al mismo tiempo, como “salvaguarda”, el Principado ha impulsado una batalla judicial ante el Tribunal Supremo en favor de que se revise la prórroga de la concesión de la AP-66, otorgada a Aucalsa hasta 2050 por José María Aznar. Fue en 2000 y ese mismo año el Gobierno del PP también aumentó el contrato con Audasa en la AP-9 hasta 2048, una adjudicación cuyo término estaba previsto para 2023. “Tenemos intereses comunes y necesidad de justicia”, incide Calvo sobre el frente antipeajes del noroeste.La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas de Galicia, la popular María Martínez, califica a la AP-9 como la autopista “más cara de España”. Afirma que los ingresos de Audasa, su concesionaria, han aumentado en los últimos cuatro años un 80%. La Xunta reclama al Ejecutivo de Sánchez que rescate la concesión para que sea gratuita y estima el coste de esta operación en 2.357 millones de euros, lo mismo que deberá pagar el Estado en bonificaciones a la concesionaria en los 22 años que tardará en expirar el actual contrato. Martínez sostiene que esta reclamación, además de la transferencia de la gestión de la infraestructura a la Xunta, la mantendrá el PP gallego incluso si el año que viene se produce un cambio en La Moncloa y Alberto Núñez Feijóo llega a la Presidencia. “Los intereses que defendemos como Xunta de Galicia serán defendidos de igual modo ante el Gobierno central, gobierne quien gobierne”, afirma. La resolución comunitaria que pide la anulación de la concesión de la AP-9 y de la AP-66 llegó tras una denuncia presentada en 2019 por la asociación gallega de consumidores En Colectivo. Establece que España incumplió una directiva europea al permitir que las mismas empresas disfrutaran de años extra de gestión y peajes en estas vías sin convocar un concurso al que se pudieran presentar otras compañías. Diego Maraña, portavoz de esta entidad, espera que el asunto no llegue al Tribunal de Justicia Europeo porque eso supondría otros ocho o nueve años más de demora. “Confiamos en que se nos escuche”, expresa Maraña sobre unas concesiones públicas que “no son solo una injusticia, sino una ilegalidad”.La AP-9, que une Ferrol con Portugal, conecta la parte de Galicia en la que reside el 60% de su población. La AP-66, por su parte, enlaza Asturias y León a través del valle del Huerna. Según los contratos en vigor, a ambas les quedan aún más de 20 años de peajes, mientras que en otras zonas de España estos pagos se están eliminando. Para Juan Manuel Vieites, presidente de la patronal gallega, esta situación es una “barrera económica” que perpetúa una “desigualdad histórica” del noroeste de España. “Necesitamos competir sin una mochila adicional”, esgrime María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios. “Un país equilibrado se construye con costes razonables e igualdad real”. Un camión, ejemplifica Calvo, puede llegar a pagar más de 10.900 euros al año solo por cruzar de Asturias a Castilla y León.