Paola de la Torre, presidenta ejecutiva de GuateÍntegra y directora general de Ecompliance Consulting, explica en el extracto de esta entrevista aspectos de la nueva ley antilavado y los posibles efectos para la población.
La Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo fue aprobada con el decreto 15-2026 en el Congreso de la República, y aún está pendiente finalizar su proceso de sanción, ser promulgada, publicada y puesta en vigencia.
En el segundo párrafo del artículo 1, se establece que esta ley no tiene por objeto atacar o reprimir la economía informal, criminalizar el uso de dinero en efectivo o ser usada para objetivos tributarios,
La experta en el tema comenta algunos alcances, y refiere que no se trata de controlar todo el efectivo, sino de identificar patrones que indiquen operaciones orientadas a ocultar origen ilícito, entre otras disposiciones.
La ley aprobada en el Congreso establece expresamente que no busca criminalizar la economía informal ni el uso de efectivo. ¿Considera que esa garantía es suficiente para evitar interpretaciones abusivas?
