La entrada en vigor de los mecanismos contemplados en el decreto 15-2026, Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, fortalece los controles para prevenir el blanqueo de capitales.
En el corto plazo, se prevé un “reacomodo” derivado de la aplicación de las reformas aprobadas. Entre los principales cambios figuran los nuevos lineamientos sobre el beneficiario final (UBO, en inglés), la identificación de Personas Expuestas Políticamente (PEP), el control reforzado sobre contratistas y proveedores del Estado, el registro de accionistas, la debida diligencia ampliada y las mayores facultades de supervisión de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
Estos elementos son considerados fundamentales para el desmantelamiento de estructuras complejas utilizadas para ocultar o movilizar recursos de origen ilícito.
Aunque la ley fortalece los controles sobre operaciones y recursos de origen ilícito, no elimina por completo el riesgo de lavado de dinero.
Testaferros siguen siendo un riesgo
