Guatemala actualizó, 25 años después, su marco legal para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo mediante la aprobación del Decreto 15-2026, denominado Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo. La normativa constituye una de las reformas más importantes en materia de supervisión y regulación financiera de las últimas décadas.
La nueva ley deroga la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos (Decreto 67-2001) y la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo (Decreto 58-2005) para sustituirlas por un marco legal unificado, alineado con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Aunque aún están pendientes su publicación oficial y la emisión de su reglamento, la normativa ya permite identificar los principales cambios que impactarán a empresas, profesionales, entidades financieras y otros sectores económicos sujetos a controles para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
La nueva ley representa la reforma antilavado más ambiciosa realizada en Guatemala desde el 2001. Su principal novedad es que traslada el enfoque del sistema bancario al conjunto de la economía, al incorporar sectores como bienes raíces, vehículos, profesionales, criptomonedas y estructuras corporativas.
