Guatemala avanzó en la modernización de la legislación para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LD/FT) con la aprobación del Decreto 15-2026 por parte del Congreso de la República, la noche del 2 de junio. Ahora comenzará la fase de implementación y cumplimiento de la nueva normativa, lo que reduce el riesgo de que el país sea incluido en la “lista gris”.
El marco legal conformado por el Decreto 67-2001, Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, y el Decreto 58-2005, Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, había quedado rezagado frente a los estándares internacionales actuales y ante las nuevas tipologías utilizadas por la delincuencia financiera. Ambas normativas quedaron derogadas con la entrada en vigor de la nueva ley.
La Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, aprobada por el Congreso durante el período de sesiones extraordinarias, reúne ambas normativas en un solo cuerpo legal y se convierte en una de las reformas más importantes en materia de supervisión y regulación financiera, al incorporar nuevas herramientas de control.
Para el sector financiero nacional, el reto ahora es garantizar el cumplimiento de la nueva legislación y prepararse para la transición hacia una normativa más compleja y dinámica, que requerirá inversiones en tecnología, capacitación especializada y una reingeniería de los procesos de gestión de riesgos y debida diligencia.
