La aprobación de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo por parte del Congreso de la República generó reacciones favorables de cámaras empresariales, entidades financieras y sectores económicos, que durante los últimos meses habían insistido en la necesidad de modernizar la legislación guatemalteca para cumplir con estándares internacionales y evitar riesgos para el sistema financiero nacional.
La normativa, aprobada el 2 de junio con el respaldo de 147 diputados, sustituye un marco legal vigente desde hace más de 25 años y reúne en un solo cuerpo normativo las disposiciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Diversos sectores consideran que la actualización fortalece la institucionalidad del país y mejora las condiciones para enfrentar la evaluación internacional que Guatemala deberá afrontar en 2027.
Sector empresarial destaca impacto en la confianza y la inversión
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) calificó la aprobación de la ley como una decisión trascendental para fortalecer la estabilidad financiera, la transparencia y la legalidad en Guatemala.
