Desde la Junta Monetaria, la Superintendencia de Bancos (SIB), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG) y, esta semana, el pleno ampliado del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), se ha manifestado la necesidad de que el país modernice la legislación sobre prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (LDFT).
El presidente Bernardo Arévalo llamó al Congreso a “no perder el tiempo” y aprobar la ley antilavado durante su conferencia de prensa de este martes 26 de mayo. Además, reiteró la urgencia de la iniciativa al advertir que Guatemala corre el riesgo de ingresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
En febrero de 2027, Guatemala enfrentará la quinta ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI y del Gafilat, cuyo objetivo es revisar el sistema nacional para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LDFT).
Como resultado de ese proceso, el país recibirá una calificación que permitirá determinar si su sistema antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) es efectivo. Además, la evaluación incluirá recomendaciones para corregir deficiencias detectadas y fortalecer el sistema nacional.
