Ingresar en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), así como no alcanzar el grado de inversión en la calificación de riesgo país, son los efectos inmediatos que representantes del sector privado organizado señalaron sobre el avance de la iniciativa de ley 6593, “Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo”.
Representantes de más de 50 organizaciones empresariales nacionales y binacionales se pronunciaron durante una conferencia de prensa en el pleno ampliado del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y demandaron a los diputados del Congreso de la República aprobar la iniciativa antilavado.
El apoyo del sector privado organizado fue unánime, y el pronunciamiento fue que avance la aprobación de la ley, lo cual deja clara la postura institucional.
Sector privado pide modernizar legislación
Carlos Arias Bouscayrol, presidente del Cacif, remarcó que la aprobación de esta iniciativa de ley es una medida indispensable para fortalecer la institucionalidad, proteger la estabilidad económica del país y evitar que Guatemala continúe expuesta a riesgos que amenazan su reputación y competitividad institucional.
