Guatemala se encuentra en la fase final de discusión de una nueva legislación para prevenir y sancionar el lavado de dinero. Se trata de la iniciativa 6593, Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, propuesta que pretende reemplazar la normativa vigente desde hace 24 años y actualizar el marco legal para nuevas modalidades financieras, comerciales y tecnológicas.
El proyecto ya obtuvo dictamen favorable en marzo de este año, avanzó hasta el tercer debate en el Congreso y actualmente se encuentra pendiente de redacción final por artículos. Para convertirse en ley necesita 107 votos, al tratarse de una aprobación con mayoría calificada.
Entre los principales cambios, la propuesta establece un modelo basado en riesgo, en el que personas individuales y jurídicas serían evaluadas según el nivel de exposición que representen. También incluye a nuevos sujetos obligados, entre ellos, contratistas del Estado, inmobiliarias, casinos, joyerías, operadores de activos virtuales y profesionales vinculados a servicios jurídicos o contables.
El tema fue abordado durante el foro convocado por Guatevisión para Guatemala No Se Detiene: “Ley contra lavado de dinero: lo que está en juego”. En la discusión participaron Juan Carlos Monroy, intendente de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB); Jorge Ayala, diputado y presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior; Julio Héctor Estrada, diputado y presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda; y Lorena Flores, vicepresidenta para América del Norte, Central y el Caribe de la Unión Internacional del Notariado.
