La aprobación de la nueva ley orgánica, que obliga a modificar 18 normas, depende de una compleja negociación parlamentaria
El Gobierno ha presentado este martes el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, que recoge buena parte de las medidas del
grafia-del-discurso-y-de-las-medidas-anunciadas-por-el-presidente-del-gobierno.html" data-link-track-dtm=""> plan estatal de lucha contra la corrupción con el que el Ejecutivo respondió el pasado julio al escándalo en el que están procesados dos exsecretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. La norma, que obliga a modificar otras 18, incluidas seis leyes orgánicas -que requieren mayoría absoluta en el Congreso- incluye la transposición de algunas directivas europeas, así como la incorporación de viejas reclamaciones del Consejo de Europa, y depende, para su aprobación, de una compleja negociación parlamentaria.
Estas son algunas de las claves del anteproyecto de ley y del plan de lucha contra la corrupción, así como un repaso a las grietas del sistema que han permitido hasta la fecha que sigan dándose casos de este tipo:
Hasta ahora, según explican fuentes del Gobierno, el acceso a beneficios penitenciarios sin que el condenado hubiera devuelto el dinero robado se concedía o no de forma discrecional por parte de los tribunales. El objetivo es vincular los beneficios penitenciarios como el tercer grado o la libertad condicional en la ley general penitenciaria al cumplimiento de la responsabilidad civil y la reparación económica de los delitos de corrupción. Se trata de un mecanismo disuasorio, porque a menudo, según las mismas fuentes, el delincuente prefiere la pena de prisión a perder esos bienes y se declara insolvente mientras mantiene oculto el dinero sustraído.
