El Ministerio de Trabajo saca a audiencia pública el anteproyecto de ley que pretende blindar en el Estatuto de los Trabajadores el derecho de los empleados a no sufrir represalias por informar de infracciones corporativas
La corrupción política vuelve a protagonizar la conversación pública. En los últimos meses, los casos que más espolean esta preocupación ciudadana son los que afectan al PSOE, con sus dos últimos exsecretarios de organización acusados de corrupción. También resuenan los nombres de las empresas presuntamente implicadas, como la constructora Acciona. En este contexto, el Ministerio de Trabajo da impulso a una normativa que interpela a este tipo de situaciones. El departamento que dirige Yolanda Díaz sacó
-link-track-dtm="">este martes a audiencia pública un anteproyecto de ley que pretende proteger a los empleados en tales empresas, de manera que estén blindados si dan el paso de denunciar prácticas corruptas y tengan la garantía de no ser cesados por ello. Los despido por esta causa se considerarían nulos.
La propuesta de Díaz modificaría varios artículos del Estatuto de los Trabajadores, la norma nuclear que regula las relaciones laborales en España. Básicamente, en varios apartados que establecen escenarios de protección para el trabajador, se especifica que ese escudo debe llegar a “las personas trabajadoras que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción”.
