Medio Congreso de los Diputados clama por un adelanto electoral tras el estruendoso estallido del caso Cerdán. Y otra importante porción, la que sostiene al Gobierno de Pedro Sánchez, está exigiendo un paquete normativo de urgencia para poner a salvo de la corrupción a la contratación pública. Pero no son los únicos que presionan al Ejecutivo por la presunta trama que, según indicios recogidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, actuaba desde la sala de máquinas del PSOE y del Ministerio de Transportes para amañar concursos millonarios de obra.
La Comisión Europea (CE) ha dado múltiples toques de atención a España a la vista de la permeabilidad de la licitación pública cuando llueve corrupción, y dice estar atenta a este caso que afecta a fondos europeos en obras de gran factura, como la del soterramiento del ferrocarril en Murcia o la construcción de la plataforma para la alta velocidad entre Vera y Pulpí (Almería), ganadas por Acciona. Este grupo cotizado en Bolsa ha sido 200 veces señalado en el documento policial por sospechas sobre el pago de mordidas.
El último informe de la CE sobre la situación del Estado de derecho en España, de julio de 2024, ya apuntaba directamente a la licitación pública, las infraestructuras y la financiación de los partidos como caldo de cultivo para el amaño. Eso sí, reconocía que “se han intensificado los esfuerzos [en España] para solucionar los escollos relativos a la duración de las investigaciones y enjuiciamientos con el fin de aumentar la eficiencia en la sustanciación de los asuntos de corrupción de alto nivel, en particular mediante la finalización de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.
