España debería “intensificar sus esfuerzos” para implementar reformas que permitan reforzar los mecanismos anticorrupción en las altas instancias del Gobierno y en las fuerzas de seguridad. Entre ellas, los aforamientos o la regulación de los lobbies, que siguen copando el debate en torno a nuevos escándalos como los del caso Ábalos-Cerdán o el caso Montoro. Así lo recoge el informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), dependiente del Consejo de Europa, tras la revisión de los pasos dados por Madrid desde que publicara, en 2019, el último Informe sobre la prevención de la corrupción y promoción de la integridad en Gobiernos centrales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El informe de seguimiento destaca avances como la aprobación del plan de regeneración democrática. Sin embargo, en el documento el Greco dice tomar nota de una “falta de acción decisiva y de resultados tangibles” sobre las recomendaciones que efectuó hace ya casi seis años en materia de las más altas funciones del Gobierno central, sobre el que se concentraban 10 de las 19 indicaciones efectuadas. Además, recuerda que “sigue pendiente” la “implementación” del plan de regeneración democrática —con sus medidas para una mayor transparencia y control en la política y en los medios y una defensa del derecho a la libertad de expresión— y la todavía pendiente Ley de Administración Abierta (en fase de anteproyecto), que proponen mejoras en el terreno de la lucha contra la corrupción y por la transparencia.
