Los sucesivos informes de instancias internacionales sobre la corrupción en la política española repiten una y otra vez, año a año, el mismo diagnóstico sobre la ausencia de controles potentes para evitar los comportamientos ilegales en el sector público. El último ha sido el informe de recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco), que viene a constatar la desmoralizante falta de avances significativos en este ámbito desde que ese organismo emitió sus últimas recomendaciones, hace seis años.
Aquel informe, emitido en el primer año del Gobierno de coalición, hacía 19 recomendaciones a España para prevenir la corrupción y promover la integridad. Seis años después, el Greco concluye que “España no ha aplicado ni tratado de manera satisfactoria ninguna” de las recomendaciones. A pesar de que hay un reconocimiento de algunos avances (apenas tres se han ejecutado parcialmente), se trata de una afirmación demoledora, que viene a corroborar la percepción de que no solo hay cuestiones estructurales que favorecen la corrupción, sino que no ha habido voluntad para tapar agujeros en el sistema que son obvios: falta de regulación de los lobbies, reformar el aforamiento, reforzar restricciones a las puertas giratorias o algún control sobre la galaxia de asesores a dedo que rodean a los cargos públicos.
