Los escándalos de corrupción protagonizados por dirigentes de partidos que ocupan cargos públicos, así como por personas próximas a los circuitos del poder, son una suerte de rayo que no cesa, contando con una asentada tradición en nuestro país. A lo largo de los años, asistimos a un goteo continuo de procesos judiciales cuya finalidad es depurar las responsabilidades derivadas del uso espurio de fondos públicos por quienes gestionan —o deberían gestionar— el interés general.
La última -por ahora- manifestación de esta recurrente patología viene de la mano de la publicación de unas grabaciones en las que Santos Cerdán, ya ex secretario de Organización del Partido Socialista, asume un papel central en la trama de corrupción en la que están implicados Koldo García y el exministro José Luis Ábalos. La directa participación de Cerdán en las actividades delictivas registradas en dichas grabaciones lanza un torpedo con gran potencial destructivo a la línea de flotación del Gobierno cuyos efectos, lejos de haberse neutralizado, se han instalado en el centro del debate y están llamados a impactar frontalmente en el devenir de la legislatura. Las condiciones en las que esta puede seguir adelante —si es que sigue— no son halagüeñas. La petición de perdón de Pedro Sánchez, así como el anuncio de una auditoría de las cuentas del partido, se muestran como remedios raquíticos, incapaces de contener la onda expansiva de la crisis desatada. Discernir las responsabilidades internas, siendo condición necesaria, no resulta en sí misma suficiente. Es solo una parte de la exigencia de rendición de cuentas que trae consigo el caso de corrupción planteado, proyectándose este tanto en el terreno político como en el jurisdiccional. En relación con este último, ya sabemos que la justicia tiene un tempo propio, proceloso y garantista que discurre por sus propios cauces, situados al margen de la controversia política.
