La corrupción se ha adueñado otra vez de la conversación pública y, como en ocasiones anteriores, no la va a dejar. El último (o penúltimo) giro del caso Koldo nos sitúa de lleno en un escenario ya conocido, aunque de contornos difusos, puesto que no se sabe hasta dónde va a llegar la mugre que impregna al trío formado por los dos últimos secretarios de organización del PSOE y su asesor para todo. La corrupción ligada a la actividad política ha sido una constante de la España democrática, en todos los niveles de gobierno (local, autonómico y estatal) y en buena parte de los partidos (más en aquellos que han ocupado más plazas de poder).
La corrupción impacta de lleno en los partidos que se ven implicados en ella. O no. O no directamente. En enero de 2013, se hicieron públicos los llamados papeles de Bárcenas. En marzo, la corrupción y el fraude eran considerados uno de los tres principales problemas del país por el 44% de los electores, que aumentó hasta el 64% en noviembre de 2014. A pesar de ello, el PP de Mariano Rajoy ganó las elecciones un año después, aunque con una caída importante en votos y escaños. ¿Quiere esto decir que la corrupción no pasa factura a los partidos que se ven implicados en ella?
