El escenario que abre la investigación sobre el llamado caso Koldo, aún en sus inicios, es una trama de mordidas a cambio de obra pública que por ahora afecta al Ministerio de Transportes, a la dirección general de Carreteras, el administrador ferroviario Adif, a varias constructoras y a la Secretaría de Organización del PSOE, es decir, el corazón operativo del partido en el Gobierno. A la espera de ver cómo se sustancia judicialmente, el cuadro general del escándalo es demasiado familiar.
Es pertinente preguntarse cómo es posible que se repliquen en lugares tan obvios comportamientos delictivos identificados hace décadas; cómo es posible que no haya mecanismos de prevención que detecten las señales desde el minuto uno y den la alarma. El juez está dilucidando la responsabilidad penal, y al presidente del Gobierno se le exige con razón que dé una respuesta política, pero también es necesario elevar la mirada a un sistema político sin suficientes controles preventivos.
Con cada escándalo, los partidos han ido endureciendo el Código Penal. Pero el poder disuasorio del castigo es claramente insuficiente ante la tentación de enriquecerse. Menos aún cuando una justicia con pocos medios especializados tarda décadas en llegar a emitir sentencia. El caso Koldo demuestra que no hay cortafuegos eficaces para evitar que este esquema se siga reproduciendo a escala estatal, autonómica y local. España no mejora en las clasificaciones internacionales de lucha contra la corrupción, sino que empeora.
