El 16 de febrero de 2024, solo cuatro días antes del arresto de Koldo García, la Guardia Civil lo vigilaba en secreto. Los agentes, que investigaban entonces una supuesta trama de amaño de contratos de compraventa de mascarillas en la pandemia a cambio de sobornos en el Ministerio de Transportes, le tenían pinchado el teléfono móvil. E interceptaron la siguiente conversación:
—Ahora te voy a contestar. No te asustes con lo que te voy a contestar, ¿vale? —apaciguaba el antiguo asesor de José Luis Ábalos a su interlocutor.
—Vale, vale —respondía un tal Daniel.
—Y no pongas por WhatsApp nada de esto —añadía Koldo García.
Con estas palabras, el exayudante del ministro advertía de que no debían dejar rastro. Unos minutos antes, ese Daniel (al que los agentes consiguieron identificar como Daniel Fernández Menéndez, administrador de la constructora OPR), le había puesto el siguiente mensaje: “En nuestra obra se ha caído un talud y van a sacar una emergencia. La obra es para la UTE con ASCH, pero las emergencias se adjudican a una sola empresa y prefiero que sea a OPR que a ellos, aunque luego la haga la UTE. Te cuento con detalle. Es en Monforte y es convencional”. Tres días más tarde, el constructor le precisaba. Le daba el nombre del proyecto y remachaba: “Hay un deslizamiento y se va a declarar una emergencia de bastante importe, más de 1,5 millones de euros”. Es uno de los 11 expedientes que el Tribunal Supremo, que ha imputado a José Luis Ábalos y Santos Cerdán, acaba de poner bajo sospecha por el supuesto amaño de adjudicaciones de obra a cambio de mordidas.
