España necesita aplicar medidas con urgencia en 2026 si quiere reducir los espacios de corrupción y estar a la altura de los estándares europeos y las expectativas de la ciudadanía
La calidad democrática de un país no se mide únicamente por la celebración periódica de elecciones, sino por el grado de transparencia, integridad y participación real que ofrece a su ciudadanía, y la solidez de la propia democracia depende del nivel de confianza de los ciudadanos en sus instituciones. En España, pese a avances puntuales, durante la última década vienen persistiendo importantes caren...
cias que limitan la confianza social y la eficacia institucional. La llegada de 2026 debería servir como punto de inflexión para abordar un paquete integral de reformas que, lejos de ser simbólicas, resultan imprescindibles para garantizar un Estado moderno, confiable y alineado con los estándares internacionales más exigentes.
Se recogen a continuación una serie de medidas y reformas que consideramos asignaturas pendientes que se han de afrontar a tal efecto en nuestro país. En primer lugar, es imprescindible una reforma en profundidad de la Ley de Transparencia, que sigue mostrando importantes lagunas: excepciones excesivas (sería necesario que se amplíen los sujetos obligados, incluidos partidos y órganos constitucionales), una insuficiente capacidad del Consejo de Transparencia, una obligación excesiva de motivar el acceso a la información y una estructura que favorece más la opacidad que la publicidad activa. Además, la regulación de la huella normativa y la publicidad de agendas y reuniones de altos cargos deben dejar de ser una recomendación parcial para convertirse en obligación legal generalizada en todos los niveles de gobierno.
