La interventora del Parlamento Vasco, Ana Isabel Barriuso, ha emitido en los últimos meses varios informes de “reparo” que figuran en la liquidación de los presupuestos de la institución en 2025, que se está formalizando ahora. En ellos, la alta funcionaria alerta de irregularidades en la tramitación de tres contratos. Cita, por ejemplo, el de traducción del diario de sesiones, que es el acta del pleno, la compra de prensa diaria y la elaboración de un 'dossier' de prensa. También cuestiona algunos gastos del Ararteko, la Defensoría del Pueblo, que es, en realidad, una institución dependiente del poder legislativo.
Sobre el servicio de traducción, la interventora expone que estaba adjudicado a la empresa Maramara Taldearen Hizkuntza Zerbitzuak y que finalizó en octubre de 2024. Sostiene que, después, se siguió “realizando la prestación sin formalización previa del contrato, ni solicitud de retención de crédito adecuado y suficiente”. No se podía prorrogar y se optó por mantenerlo con facturas emitidas “mensualmente”, a modo de “concatenación” de “contratos menores”. Estos contratos son los que se adjudican sin concurso y no pueden superar los 15.000 euros anuales con la misma empresa. La interventora sostiene que “no se puede” emplear este procedimiento para las traducciones porque el montante total supera esa barrera.
