El expresidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, anunció en enero de 2024 la elaboración de una auditoría forense del sector público de la Generalitat para clarificar supuestos “aspectos de dudosa legalidad” en cuanto a contrataciones, falta de control de recursos, colocación a dedo y pagos sin autorización, y anunció la supresión de seis empresas “fantasma” cuyas funciones aseguraba que estaban duplicadas. De esta forma trataba de arrojar dudas y sospechas sobre la gestión del Gobierno del Botánico.
Por este motivo, un mes más tarde anunció la creación de una comisión de investigación del sector público en las Corts que se cerró el pasado mes de marzo por acuerdo del PP y de Vox sin que se produjera ni una sola reunión. Ese mismo mes, la interventora general de la Generalitat Valenciana, Amparo Adam, y el viceinterventor, Ignacio Pérez, firmaron una demoledora auditoría sobre todo el sector público instrumental (SPI) de la administración autonómica relativo al ejercicio 2024 que arroja un rosario de irregularidades y despilfarro. Pese a que el informe se firmó hace tres meses, ha sido este jueves 4 de junio cuando se ha colgado en el portal de la Conselleria de Hacienda.
Entre los aspectos más graves, la auditoría pone de relieve que “en siete entidades se han recibido bienes y servicios sin el oportuno expediente de contratación, incumpliendo los principios generales de la contratación pública” destacando el Hospital General de Valencia con 118,5 millones, el General de Castellón con 25,5 millones y Feria Valencia con 8,1 millones.
