La IGAE entrega en la Audiencia Nacional un informe que apunta a sobrecostes millonarios no justificados
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda) ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno un informe en el que apunta a la existencia de irregularidades en la adjudicación de 11 contratos de obra pública del Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos al frente del departamento. El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, analiza cinco licitaciones del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y seis de la Dirección General de Carreteras entre 2018 y 2021 bajo sospecha de haber sido amañados a cambio de supuestas mordidas por el entonces ministro, su exasesor Koldo García y el que fuera número tres del PSOE Santos Cerdán. Los expertos de Hacienda apuntan a la existencia en la mayoría de ellos de un patrón de irregularidades que se tradujo en el pago de numerosos sobrecostes mediante modificaciones de los proyectos iniciales. Los autores del documento no individualizan responsabilidades políticas y señalan únicamente a la dirección de obra y a los órganos de contratación de ADIF por supuestamente no ajustarse a la normativa vigente.
