La Agencia para la Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad valenciana se ha dirigido al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor de la causa por corrupción en la que están imputados el exministro José Luis Ábalos y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, para alertar de que en un expediente administrativo que abrieron en 2022 encontraron “diversas irregularidades” en la construcción, en 2019, de la estación de cercanías de Albal (Valencia, 17.000 habitantes) por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), dependiente del Ministerio de Transportes. El juez Puente ha remitido este y otro expediente enviado por Antifraude de Valencia, este referido a la fundación Fiadelso, en la que participaba Ábalos, a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil “en la medida en que resulten de interés para la investigación”.
En su escrito, el director de este organismo, Eduardo Beut, destaca que la agencia ha detectado “diversas irregularidades en la tramitación y ejecución” del convenido que supusieron el pago por parte del ayuntamiento de la localidad valenciana a Adif “de un importe superior en más de 1.000.000 euros por encima del coste real de la obra y justiprecio de las expropiaciones”. El documento recalca que el origen de la obra se remonta a mayo de 2011, cuando el entonces ministro de Fomento, el socialista José Blanco, firmó un protocolo de colaboración con el consistorio. Sin embargo, el convenio para la construcción no se adjudicaría hasta ocho años después, en 2019, ya con Ábalos como titular de la cartera de Transportes. Lo firmó la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. El primero está imputado en la causa que se lleva en el Supremo, mientras que Pardo de Vera está encausada en la parte del sumario que se instruye en la Audiencia Nacional.
