En enero de 2024, el expresidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón anunció una auditoría general del sector público con el objetivo de poner fin al “malgasto” en el que, según denunciaba de forma insistente una y otra vez, había incurrido el Botànic liderado por el socialista Ximo Puig en sus ocho años de mandato. El objetivo de esta medida era “detectar duplicidades e ineficiencias en el sector público”, o como también repitieron hasta la saciedad tanto él como los diferentes responsables de su Consell y del PP, eliminar “grasa política”.
Así, para tratar de dejar en evidencia al anterior ejecutivo de izquierdas liderado por Ximo Puig y por Mónica Oltra, a quienes acusó en los meses previos a las elecciones de tener “el Consell más caro de la historia”, Mazón inició el mandato en agosto de 2023 con 121 altos cargos, incluidos el presidente y sus consejeros y consejeras.
Casi tres años después, la “grasa” que desde el PP pregonaban que iban a limpiar en forma de gasto público se ha multiplicado. Con la diferencia de que el segundo Gobierno del Botánico estaba formado por tres partidos (PSPV, Compromís y Unides-Podem) y actualmente el PP gobierna en solitario.
Pese a esta circunstancia, según los últimos datos publicados en el portal de Transparencia de la Generalitat Valenciana, el actual Consell que preside Juan Francisco Pérez Llorca cuenta con 160 altos cargos, lo que representa un coste salarial de 12,1 millones de euros. Son 39 altos cargos más que cuando Mazón inició la legislatura. En mayo de 2023, último mes del Botánico, el Gobierno valenciano de Ximo Puig contaba con 150 altos cargos con un impacto de 10,2 millones de euros para lar arcas públicas.
