EL PAÍS accede a un informe de la Intervención regional que desvela obras tramitadas “en contra de las previsiones legales” o fallos en la imputación presupuestaria del canon y los gastos ajenos al contrato
La gestión económica y presupuestaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en siete hospitales públicos de naturaleza público-privada que facturaron 563.894.273,65 euros a la Administración entre 2021 y 2023 tiene “deficiencias” y “errores”, según valora la Cámara de Cuentas a raíz de un informe de la Intervención general. Ese balance interno, al que accedió EL PAÍS, y que se refiere al periodo comprendido entre enero de 2021 y agosto de 2024, pone bajo la lupa a los centros de Majadahonda, Parla, Coslada, San Sebastián de los Reyes, Arganda del Rey, Aranjuez y Vallecas (Madrid). Todos fueron construidos por empresas y son usados por la sanidad pública a cambio de que la Administración haga un pago anual al adjudicatario y le permita explotar las zonas comerciales. ¿El resultado? La Intervención concluye que “no se cumplieron trámites esenciales” a la hora de atender favorablemente las peticiones de los concesionarios de reequilibrio financiero (más dinero); que se gastaron millones en obras tramitadas “en contra de las previsiones legales”; y que varias de esas facturas nunca las debería haber pagado la administración.
