EL PAÍS accede a documentación interna que muestra que se dejó de pagar 2,2 millones a los centros entre 2021 y 2024 por fallos de mantenimiento o lavandería
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso (PP), ha tenido que imponer hasta 2,2 millones de euros en ‘multas’ entre siete hospitales público-privados de la región por considerar que incumplían los estándares de calidad. Así...
lo refleja un informe de la Intervención general regional al que accedió EL PAÍS, y que se refiere al periodo comprendido entre enero de 2021 y agosto de 2024. Sin embargo, esos descuentos en el canon anual que le paga la Administración a los centros afectados (Majadahonda, Parla, Coslada, San Sebastián de los Reyes, Arganda del Rey, Aranjuez y Vallecas) apenas impactó en su balance: los 812.818,14 euros de castigo de 2023 solo supusieron el 0,45% de los 182 millones recibidos por los hospitales para ese año, según el informe interno de la administración madrileña.
Madrid cuenta con una decena de centros levantados en tiempos de Esperanza Aguirre (2003-2012) con la fórmula de la colaboración publico-privada. En unos, las empresas gestionan los servicios médicos (Valdemoro, Villalba y Móstoles, de Quirón, y Torrejón, de Ribera Salud). En otros, la empresa constructora gestiona únicamente los servicios no asistenciales (Majadahonda, Parla, Coslada, San Sebastián de los Reyes, Arganda del Rey, Aranjuez y Vallecas, este en Madrid capital). El informe de la Intervención se centra en estos últimos siete, que reciben un pago anual de la administración, y además pueden solicitar un reequilibrio financiero al gobierno si consideran que la mejora de los servicios o infraestructuras rompe el pacto original. Del lado contrario, si no prestan el servicio deseado, son penalizados: reciben un pago menor al previsto a través del canon anual. Algo así como una multa indirecta.
