El órgano fiscalizador contradice así a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, que consideró nula la contratación
Cuando salió a la luz el informe de la UCO sobre el caso Cerdán, la presidenta del Gobierno de Navarra, la socialista María Chivite, pidió a la Cámara de Comptos —máximo órgano fiscalizador de la comunidad— que fiscalizara las obras adjudicadas a las empresas señaladas por los investigadores de la Guardia Civil por el supuesto amaño de contratos, Acciona y...
Servinabar. Las adjudicaciones fueron cinco: las obras del colegio de Arbizu, la adecuación del pabellón Navarra Arena, la reforma del antiguo Archivo General de Navarra, la construcción de 46 viviendas de protección oficial (VPO) en el municipio de Ripagaina, en la zona pamplonesa, y de otras 62 VPO en ese mismo municipio, pero en el área perteneciente al Ayuntamiento del Valle de Egüés.
De esta labor se han excluido los trabajos de duplicación de los túneles de Belate —en ejecución por parte de Acciona, Servinabar 2000 y Excavaciones Fermín Osés por 76 millones de euros—, porque estas ya fueron analizadas en la fiscalización de las cuentas autonómicas de 2023. En aquel informe, Comptos detectó algunas irregularidades administrativas, pero ninguna ilegalidad, al contrario de lo manifestado por la Oficina navarra de Anticorrupción, que considera que la contratación es nula de pleno derecho.
